El episodio ocurrió en Los Alisos y derivó en una denuncia de la Asociación Vecinal, un allanamiento y una causa por presunto maltrato animal. La Policía secuestró un arma de aire comprimido que deberá ser peritada.
La “Banda de San Isidro Chico” suma otra denuncia: propiedades explotadas, oficinas irregulares y nuevas acusaciones
La causa judicial que investiga a empresarios vinculados a Ara Homes SRL sumó una nueva denuncia que agrava aún más la situación de los involucrados. A los reclamos por los desarrollos inmobiliarios en Costa Rica ahora se agregan acusaciones por presunta administración fraudulenta, utilización indebida de propiedades y ocupación irregular de espacios comunes.
La presentación fue realizada ante la Justicia porteña y apunta contra Rodrigo Rossetto, Lisandro Aloi y Javier Zlatkis. Según los denunciantes, los responsables habrían continuado administrando inmuebles aun después de haber sido formalmente notificados para dejar de hacerlo.
Las acusaciones sostienen que las propiedades seguían siendo alquiladas mediante copias de llaves y sin autorización de sus propietarios, mientras los ingresos generados no habrían sido rendidos ni informados correctamente.
El expediente también incorpora otro elemento conflictivo: la supuesta utilización de espacios comunes de un edificio para instalar oficinas vinculadas a Ara Homes SRL sin autorización ni contraprestación económica. Los denunciantes aseguran que la situación fue constatada mediante actas notariales.
“Usaron espacios comunes durante años y ni siquiera pagaban los servicios”, afirmó uno de los damnificados, reflejando el nivel de tensión existente entre propietarios e integrantes de la firma investigada.
La nueva denuncia se suma a la causa que ya investiga las inversiones inmobiliarias en Costa Rica, donde los damnificados sostienen haber sido captados mediante promesas de rentabilidad y participación societaria que nunca se concretaron.
Mientras la Justicia analiza documentación y movimientos financieros, el caso empieza a mostrar una dimensión mucho más amplia que la de un emprendimiento inmobiliario fallido. Para los denunciantes, el problema ya no es solamente económico: creen estar frente a una estructura que habría operado durante años manejando bienes y fondos ajenos sin controles claros ni rendiciones transparentes.
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