El gobierno del presidente Javier Milei prohibió este jueves el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.
La decisión se tomó de manera arbitraria y no hubo comunicación formal para notificar la decisión que tomó el mandatario en horas de la noche del miércoles, a su regreso de la gira de Israel.
“Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, fue el argumenta informal que ensayaron desde la Secretaría de Prensa a cargo de Javier Lanari.
Durante la mañana del miércoles, el titular de Casa Militar, Sebastián Ibáñez, denunció a dos periodistas por presunto “espionaje” e inició acciones legales por el tema.
Tras enterarse de lo sucedido, el libertario desde Israel, se expidió con violencia sobre el tema: "Basuras repugnantes. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!“
Días atrás, el oficialismo le prohibió el ingreso durante varios días a un grupo de peridiostas porque consideró que participaron de una supuesta campaña rusa contra el mandatario nacional.
Ayer en la previa a la reunión con el empresario estadounidense Peter Thiel, celebró la decisión a través de sus redes sociales.
A raíz de las restricciones, la prensa acreditada se dio cita en un reconocido café del centro porteño ubiado a pocos pasos de Plaza de Mayo.
La escena no es menor ni anecdótica. En la Argentina de Javier Milei, el vínculo con la prensa empieza a mutar de tensión política a lógica de exclusión. La decisión de impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, sin notificación formal y con argumentos difusos vinculados a supuestas maniobras de espionaje, marca un punto de inflexión en la relación entre poder y control público. No se trata solo de una medida administrativa: es un gesto político que redefine quién puede mirar y quién queda afuera.
El oficialismo ensaya una narrativa que mezcla sospecha, deslegitimación y confrontación directa. Bajo esa lógica, el periodista deja de ser un intermediario incómodo para convertirse en un actor hostil. La consecuencia es evidente: cuando el poder decide unilateralmente restringir el acceso a la información, el sistema de pesos y contrapesos empieza a resentirse. No hace falta cerrar medios para condicionar el flujo informativo; alcanza con controlar la puerta de entrada.
El dato más inquietante no es la medida en sí, sino su contexto. Denuncias por “espionaje” contra periodistas, acusaciones sin pruebas públicas y una retórica presidencial que escala en agresividad configuran un clima donde la crítica es reinterpretada como amenaza. En ese marco, la restricción de acceso funciona como un mensaje disciplinador. No solo para quienes cubren el día a día del poder, sino también para el resto del ecosistema mediático.
En paralelo, el Gobierno refuerza una estrategia de comunicación directa que prescinde de intermediarios y se apoya en redes sociales y vocerías alineadas. Es un modelo que privilegia el control del mensaje por sobre la discusión pública. El problema es que, sin preguntas incómodas ni verificación independiente, la política se vuelve unidireccional. Y cuando la política deja de dialogar, empieza a imponer.
