La atención de millones de jubilados quedó en una zona de incertidumbre. El paro de médicos de cabecera del PAMI, que comenzó como un reclamo por ingresos, ya escala a una crisis más profunda del sistema de salud. Con recortes que impactan hasta en un 50% de sus honorarios, profesionales advierten que sostener la atención es cada vez más difícil. La medida se expande por el interior bonaerense, donde también crecen los reclamos de afiliados, y se combina con la delicada situación del IOMA. En ese cruce, lo que emerge no es solo un conflicto gremial, sino un problema estructural: cómo garantizar el acceso a la salud cuando los recursos no alcanzan y la demanda no deja de crecer.
El paro que realizan esta semana los médicos de cabecera de PAMI en rechazo a una resolución que, denuncian, implica un “fuerte recorte en sus ingresos” y pone en riesgo la continuidad del servicio, se extiende a distritos del interior bonaerense, en donde crece el reclamo de los afiliados. Y a esto se suma la crisis en el IOMA.
La medida de fuerza impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (Appamia), que se extenderá en principio hasta el miércoles, mantiene la atención de urgencias, pero deja en evidencia un conflicto que expone tensiones de fondo sobre cómo financiar y organizar la atención primaria de millones de afiliados en todo el país.
El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires manifestó su profunda preocupación ante la crítica situación que atraviesa el sistema, en un contexto de creciente conflictividad a nivel nacional en el cual peligra la atención a jubilados. Según expresaron, los valores actuales de cápita representan “una cifra indigna que no cubre ni los costos básicos de una sola consulta”.
En este sentido, la preocupación se extendió rápidamente por el interior bonaerense. De hecho, en Tandil llegó hasta el Concejo Deliberante a través de una nota elevada por el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP). En esta ciudad, donde el recorte de los haberes llegó al 52,5%, a la huelga se suma la falta de autoridades locales.
Según explicó el presidente de la Comisión de Salud, Matías Tringler, la Municipalidad y los propios médicos se encuentran con un vacío de poder ante la ausencia de un jefe en la agencia local, lo que deriva en que todos los expedientes y autorizaciones deban ser remitidos a Mar del Plata o Buenos Aires, dilatando tiempos que son vitales para los pacientes.
También en Junín se registraron problemas, como en otras ciudades de la región centro: Azul, Bolívar y Olavarría. En esta localidad ya en marzo se había dado un corte en la prestación.
En Mar del Plata, en tanto, el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Mario Della Maggiora, confirmó que se mantiene la demora de PAMI en completar pagos por medicamentos entregados a sus afiliados y advirtieron que empieza a ser más que dificultoso la posibilidad de seguir respondiendo a la cobertura.
El eje del reclamo es la fijación de una cápita de $2.100 mensuales por paciente, que reemplaza al sistema mixto anterior. Según los profesionales, el cambio implica una reducción de ingresos de hasta el 50% y altera las condiciones de trabajo. Según cálculos gremiales, un médico debería atender a casi mil jubilados por mes para cubrir costos básicos de funcionamiento. Eso implicaría más de 30 consultas diarias, un volumen que consideran “imposible” sin afectar la calidad de la atención.
Esta situación coincide con el alerta médico gremial anunciado por la Agremiación Médica Platense (AMP). Según la entidad, la obra social de la provincia de Buenos Aires adeuda 1.300 millones de pesos correspondientes a prestaciones de febrero y todavía no se puso al día.
“Se debate con urgencia los pasos a seguir en relación al IOMA porque a la fecha, el Instituto no ha abonado el total de las prestaciones correspondientes al mes de febrero, debiendo completar cerca de $ 1.300.000.000”, informaron en un comunicado de la entidad.
Además, afirmaron en la entidad gremial de los médicos que integran más de 6.000 profesionales de la salud, que el pago se ha reclamado de múltiples maneras y en reiteradas oportunidades al Instituto “sin obtener respuestas hasta el momento”.
La obra social tiene 2.132.220 personas afiliadas, según informa en su sitio web oficial. Son producto de afiliaciones obligatorias, voluntarias y por convenios con otras provincias. Cuenta con 14 direcciones regionales y 198 oficinas de atención en el territorio bonaerense.
