La iniciativa, defendida por el PRO como una medida de “ordenamiento y equidad del sistema”, recibió una dura respuesta del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien cuestionó el alcance y el trasfondo de la decisión.
Desde el Ejecutivo porteño explicaron que la medida busca recuperar costos y priorizar recursos para los contribuyentes de la Ciudad, remarcando que no se negará la atención en casos de urgencia.
En ese sentido, Jorge Macri sostuvo que el sistema de salud “debe ser sostenible” y que la Ciudad no puede seguir absorbiendo gastos que, según argumentan, corresponden a otros distritos o países.
La reacción no tardó en llegar desde la Provincia de Buenos Aires. Kreplak advirtió que el anuncio “abre la puerta a la mercantilización de la salud” y sostuvo que el acceso a la atención médica es un derecho humano básico,
independientemente de la nacionalidad o la situación migratoria. Además, señaló que decisiones de este tipo “fragmentan el sistema sanitario” y generan barreras que impactan, sobre todo, en los sectores más vulnerables.
El ministro bonaerense, alineado con el gobernador Axel Kicillof, también puso el foco en la coordinación interjurisdiccional, al remarcar que el sistema de salud del Área Metropolitana funciona de manera integrada y que miles de pacientes cruzan a diario los límites entre Ciudad y Provincia para atenderse.
En ese marco, cuestionó que se instalen debates “simplistas” que, a su entender, buscan justificar recortes y ajustes.
Desde el peronismo, la medida fue leída como parte de una concepción del Estado “más restrictiva”, mientras que el PRO insistió en que no se trata de excluir, sino de administrar responsablemente los recursos públicos.
El cruce se suma a una discusión de fondo que atraviesa a la política argentina: qué rol debe cumplir el Estado en la garantía de derechos esenciales y cómo se financian en un contexto de tensión fiscal.
Con posiciones enfrentadas y un debate que promete escalar, el anuncio de Jorge Macri volvió a colocar a la salud pública en el centro de la agenda, en una disputa que excede lo sanitario y se proyecta como un nuevo capítulo del enfrentamiento político entre la Ciudad, la Provincia y los distintos modelos de gestión del Estado.
