La CGT ya anticipó que no acompañará ninguno de los puntos centrales, que considera lesivos para el modelo laboral argentino.
Según trascendió, el borrador incluye modificaciones estructurales que reconfiguran las relaciones laborales a favor de una mayor flexibilidad. Entre los puntos más cuestionados figuran:
Convenios colectivos por empresa, en detrimento de los convenios por rama.
Paritarias sostenibles, condicionadas por los indicadores macroeconómicos.
Salarios dinámicos, sujetos al rendimiento y productividad individual.
Banco de horas, que permite reorganizar la jornada sin pago de extras.
Fondo de cese laboral, como reemplazo de las indemnizaciones tradicionales.
Eliminación de la cuota sindical solidaria, uno de los pilares financieros de los gremios.
Período de prueba extendido, de 3 a 6 meses.
Regulación del derecho de huelga, con restricciones a sectores considerados “esenciales”.
Fin de la ultraactividad, que impediría la vigencia automática de los convenios expirados.
Nuevas regulaciones sobre asambleas y medidas de fuerza internas.
Desde la CGT sostienen que este paquete implica un retroceso de décadas en derechos laborales y que “rompe de manera deliberada el equilibrio entre trabajadores y empleadores”.
El abogado laboralista Sergio “Checho” Gómez, responsable de la Subdelegación de Trabajo bonaerense en Moreno y referente del Movimiento Derecho al Futuro, considera que la iniciativa abre paso a un proceso de “uberización de la economía del trabajo”, donde se prioriza la individualización por sobre la negociación colectiva. Aun así, advierte que la estructura jurídica del derecho laboral mantiene principios fundamentales que requieren defensa activa.
“La base de las relaciones del trabajo sigue siendo la misma que permitió la existencia de un sistema protector. Ese sistema existe porque hay desigualdad en la relación laboral, y es ahí donde el Estado debe intervenir para equilibrar”, explicó Gómez, en referencia a la posible desregulación que propone el Gobierno.
La reciente recomposición del Congreso, junto con un peronismo fragmentado y sin conducción unificada, parece darle al presidente Javier Milei un escenario favorable para avanzar con la reforma. Desde sectores industriales, cámaras empresarias y el establishment económico se multiplican gestos de acompañamiento a la iniciativa, que consideran necesaria para “modernizar el mercado laboral”.
Sin embargo, desde el campo gremial aseguran que esa “luz verde empresarial” no simplifica la discusión y que la resistencia será contundente. “Los legisladores tienen que ejercer una resistencia institucional. Y esa tarea tiene que estar acompañada por la presencia en la calle de todos los sectores que defienden a los trabajadores: sindicatos, gremios y organizaciones sociales”, subrayó Gómez.
Mientras el Gobierno acelera el envío del proyecto definitivo, la tensión crece en el mundo del trabajo. Para los sindicatos, la Reforma Laboral no sólo redefine reglas y condiciones, sino que altera la esencia misma del modelo argentino de relaciones laborales. Para el Ejecutivo y la industria, en cambio, constituye un paso indispensable para dinamizar la economía.
Lo que viene será un debate profundo, donde se cruzarán ideología, intereses económicos, disputas de poder y el futuro del trabajo en Argentina.
