Bullrich se queda con Migraciones y deja a Monteoliva la frontera

El martes 25 de noviembre no fue un día más en el Ministerio de Seguridad. En el escenario, Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva compartieron foto, libreto y mensaje. La ministra saliente y su sucesora presentaron la nueva Agencia Nacional de Migraciones, una estructura que absorbe a la vieja Dirección Nacional de Migraciones y la sube al rango de organismo estrella bajo el paraguas de Seguridad. El anuncio fue de alto impacto: una “nueva forma de administrar las migraciones”, la promesa de una futura Policía Migratoria y la idea de un control fronterizo “moderno, integral y federal”.

Detrás del discurso, sin embargo, se movió algo más pesado que las palabras. Migraciones dejó de depender del Ministerio del Interior y pasó a ser parte del corazón duro de Seguridad, con una caja asignada en el Presupuesto 2026 de 181.140 millones de pesos. De ese total, 56.689 millones vendrán por transferencias del Tesoro, 120.640 millones se sostendrán con recursos propios y 3.812 millones llegarán vía crédito externo. No es una ventanilla menor: es un organismo que recauda tasas, cobra trámites, administra permisos y ahora se integra a la lógica de la seguridad interna.

Bullrich, camino al Senado, se asegura así algo más que una despedida prolija. Se lleva influencia concreta sobre la política migratoria, un presupuesto significativo y una estructura en expansión que quedará conducida por una funcionaria propia. Monteoliva, en tanto, se sentó en la mesa como ministra de hecho: habló en tiempo futuro, pero con tono de continuidad, prometió “profundizar la lucha contra el crimen organizado” y dejó claro que la línea dura no se retira, solo cambia de dueña formal.

Agencia, frontera y el modelo Border Patrol

El anuncio oficial vendió la Agencia Nacional de Migraciones como un salto cualitativo: un organismo “desconcentrado”, con más autonomía, articulado con las provincias y orientado a controlar mejor el ingreso de personas y a detectar delitos como narcotráfico, terrorismo y trata. La novedad más fuerte es el objetivo de crear una Policía Migratoria especializada en fronteras, que tomará funciones que hoy están repartidas entre Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En el discurso suena a modernización. En la letra chica asoma el molde. El modelo de referencia es la US Border Patrol, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, que cobró otra dimensión durante el gobierno de Donald Trump. No solo en términos operativos, sino como símbolo de una política que mezcla seguridad, control migratorio y relato identitario. El guiño no es casual: Bullrich mantiene desde hace años vínculos intensos con agencias norteamericanas, firma acuerdos de cooperación, manda personal a capacitarse y replica esquemas de trabajo.

La nueva Policía Migratoria apunta a algo similar: agentes dedicados al control de pasos fronterizos, cruzamiento de bases de datos, detección de perfiles “de riesgo”, coordinación con organismos de inteligencia y foco en delitos que se juzgan en la Justicia Federal. En el papel suena contundente. En la práctica aparece el primer problema de fondo: la fuerza todavía no existe y el Presupuesto 2026 no contiene ni una sola línea que destine fondos específicos a ese cuerpo.

Cuando se pregunta de dónde saldrán los recursos humanos, la respuesta oficial es que se reasignará personal de las otras fuerzas bajo órbita de Seguridad. Es decir, se le sacará gente a Gendarmería, Prefectura, PSA y Policía Federal para armar el nuevo dispositivo. Esto se hace, además, en un contexto en el que Gendarmería ya sufrió más de 2300 bajas desde el inicio de la gestión libertaria, con sueldos bajos y condiciones de trabajo que empujan a muchos a irse. Pedirles ahora que hagan más frontera con menos gente y que además cedan efectivos para la Policía Migratoria suena más a magia que a planificación.

La escena se agrava si se baja el mapa al territorio. En pasos calientes como Puerto Iguazú y Bernardo de Irigoyen en Misiones, Salvador Mazza en Salta, La Quiaca en Jujuy o Paso de los Libres en Corrientes, el personal ya trabaja al límite. Jornadas extensas, patrullajes nocturnos, controles improvisados con móviles gastados y equipos incompletos son parte del paisaje. Desde esos mismos lugares miran el anuncio con escepticismo. Un gendarme de la frontera norte lo puso en palabras, con bronca contenida: “Le crean una policía nueva a la frontera pero sin un peso extra y sacándole gente a la que ya está. El cartel se ve lindo desde Buenos Aires, pero acá faltan botas, no logos”.

Máquina de relato, caja asegurada y crimen que no espera

La Agencia Nacional de Migraciones llega a Seguridad en un contexto en el que el Gobierno necesita mostrar resultados en materia de control y orden. Hablar de “delincuentes que entran por las fronteras”, “trata de personas” y “terrorismo” arma una narrativa poderosa ante una parte del electorado. Migraciones se convierte, así, en mucho más que un organismo que sella pasaportes: pasa a ser un escenario donde se escenifica la batalla contra el crimen organizado, se dan conferencias de prensa y se construyen identidades políticas.

Bullrich se mueve como quien entiende esta lógica a la perfección. Aunque deje el ministerio, consigue que una estructura rica y sensible quede bajo el área que ella moldeó y que además sea conducida por Monteoliva, una funcionaria alineada. Desde el Senado, podrá intervenir en leyes, negociar partidas, condicionar acuerdos y mantener un pie en la planificación estratégica. No es solo un cambio de silla. Es un reacomodo que prolonga su influencia real más allá del cargo formal.

La otra cara es la de las fuerzas que ya están en la frontera. Oficiales de Gendarmería y Prefectura que patrullan caminos de tierra, pasos no habilitados y cruces de río hablan de un escenario que no coincide con el relato. Menos personal, más exigencias, sueldos que no alcanzan y el mismo crimen organizado de antes, que se adapta mucho más rápido que cualquier decreto.

En la frontera norte, especialmente en Misiones y Formosa, los efectivos conocen de memoria los atajos del contrabando, el movimiento de mochileros, el trabajo de “paseros”, la lógica del narco hormiga. La pregunta que se hacen es simple: mientras el Gobierno invierte tiempo en anunciar una policía que todavía no tiene estructura ni presupuesto, quién va a cubrir el turno de esta noche.

El Presupuesto 2026, tal como fue enviado al Congreso, prevé los 181.140 millones para Migraciones, pero no incluye una partida específica para la Policía Migratoria. Ese vacío deberá discutirse en sesiones extraordinarias, donde el oficialismo tendrá que negociar recursos con gobernadores, bloques aliados y una oposición que ve en cada nueva fuerza una oportunidad para señalar contradicciones.

Desde el relato, la línea es clara: más control, más frontera, más seguridad. Desde los números, el plan parece correr atrás de los deseos. Una agencia con caja robusta, una fuerza a medio escribir y una estructura de seguridad que ya está en tensión.

En ese contexto, la frase que se repite entre los uniformados sintetiza mejor que cualquier análisis académico lo que está en juego: “Acá te piden que controles al crimen organizado con un chaleco vencido y un sueldo que no llega a la canasta. Si encima te sacan compañeros para mandarlos a una fuerza nueva, el que sonríe es el que pasa del otro lado de la barrera”.

La escena final de esta jugada todavía no se escribió. Lo que sí quedó claro es que Bullrich no se fue, se reacomodó. Monteoliva recibió el fierro caliente con palabras de épica y promesa de continuidad. Migraciones cambió de casa y de misión. Y la frontera, ese lugar donde la patria se vuelve barro, río y selva, sigue esperando algo más que un anuncio con logo nuevo.

Migraciones pasa al Ministerio de Seguridad con un presupuesto de 181.140 millones de pesos para 2026, pero la nueva Policía Migratoria no tiene aún una sola partida específica asignada en la ley de gasto.

Mientras se anuncia una fuerza de control fronterizo inspirada en la US Border Patrol, Gendarmería acumula más de 2300 bajas desde 2023 y debe seguir custodiando pasos calientes como Iguazú, Salvador Mazza o La Quiaca con menos personal y sueldos de pobreza.