El Gobierno avanza con una reforma que flexibiliza vacaciones, salarios y horarios. Detrás del discurso de “modernización”, el mileísmo recompone viejas reglas de los 90 y concede al capital una ventaja inédita.
El Gobierno da fondos y no cumple la Emergencia en Discapacidad
Tras un año de reclamos, el Ejecutivo otorgó incrementos del 29 al 35% que se cobrarán recién entre marzo y abril. Las organizaciones advierten que el Gobierno sigue actuando fuera de la ley y que los aumentos no cubren ni los costos básicos del sector.
Actualidad29/10/2025
Aumentos sin ley
“Nos aumentan sin cumplir la ley, y encima con retraso”. La frase se repite entre transportistas, terapeutas y acompañantes de personas con discapacidad que hace meses trabajan en condiciones insostenibles. El Gobierno anunció subas escalonadas de entre 29 y 35%, pero lo hizo sin aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad, que obliga a actualizar valores por encima de la inflación y garantizar pagos en tiempo y forma.
El acuerdo, firmado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), llega luego de casi un año de reclamos y cortes frente al Congreso. Y aunque desde el Ejecutivo lo presentaron como “una gestión ordenada y responsable”, en el territorio la lectura fue otra: el Estado sigue actuando fuera de la ley y los aumentos no alcanzan ni para cubrir los costos del combustible.
Según el esquema oficial, los incrementos se pagarán en tres cuotas entre octubre y diciembre, pero la liquidación efectiva llegará recién entre marzo y abril de 2026. Es decir, se cobra medio año después. En un país con inflación acumulada, ese retraso vuelve simbólico cualquier alivio.
“Se nos están riendo en la cara”
El Foro Permanente Discapacidad —que nuclea a prestadores, transportistas, terapeutas y familias— fue contundente: “El porcentaje propuesto es claramente insuficiente frente a los costos reales de funcionamiento y la crisis que atraviesa el sector”.
El malestar se agrava porque el Gobierno desoyó una norma aprobada y ratificada cuatro veces por el Congreso. La Ley de Emergencia en Discapacidad, impulsada por el diputado Daniel Arroyo, obliga a garantizar un financiamiento diferencial para las prestaciones, algo que nunca se aplicó.
“Esto no es un aumento, es una burla”, dijo la actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo y activista por los derechos de las personas con discapacidad. “No entiendo cómo se puede no cumplir una ley sancionada y ratificada por el Congreso, sin consecuencias. Es como si se rieran en la cara de miles de familias”.
En el mismo sentido, Arroyo consideró que las subas son apenas “un alivio en medio de un colapso”. “Después de casi un año, la ANDIS actualizó el nomenclador, pero todos sabemos que es insuficiente. El Gobierno sigue sin poner en marcha la Ley de Emergencia, que es su obligación”, remarcó.
Un ajuste que golpea donde más duele
El ajuste fiscal que el mileísmo celebra como orden macroeconómico se siente en la base más frágil del sistema de cuidados. Los transportistas cobran con demoras de hasta cinco meses, los centros de día no cubren gastos de mantenimiento y muchos terapeutas abandonan la actividad porque los honorarios quedan por debajo del salario mínimo.
Mientras tanto, el discurso oficial repite que “las prestaciones están por encima de la inflación proyectada”. Pero en la práctica, los hogares, residencias y servicios de rehabilitación operan al borde del cierre. El combustible, la comida y los alquileres —los tres insumos básicos del trabajo diario— crecieron más del 200% en el último año.
El conflicto viene de arrastre, pero se profundizó con el cambio de gestión. Desde que asumió Milei, la Agencia de Discapacidad desarticuló programas y demoró pagos bajo la excusa de “auditorías”. Incluso tuvo que restituir pensiones por invalidez luego de una orden judicial que declaró ilegales los recortes. Detrás de las cifras hay rostros.
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