Provincia va por fondos, obras y urbanización
La Provincia de Buenos Aires volvió a encender las alarmas frente a la desinversión del Gobierno nacional. Esta vez, con una cifra concreta que refleja el daño: más de 12 billones de pesos adeudados a la administración bonaerense. El reclamo fue encabezado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, junto a su par de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y la directora del OPISU, Romina Barrios, quienes ofrecieron una conferencia de prensa para detallar la situación de obras, programas y financiamiento interrumpido por Nación.
El informe oficial desglosa el monto en tres grandes bloques: deuda directa (3 billones), paralización de obras conveniadas (casi 7 billones) y discontinuidad de programas nacionales que la Provincia venía ejecutando en salud, educación, infraestructura y desarrollo social (2,1 billones). Bianco confirmó que la Provincia volverá a presentarse ante la Corte Suprema para exigir el pago de esos fondos: "Otras jurisdicciones han avanzado judicialmente y obtenido respuestas. Nosotros también vamos a insistir", explicó.
La obra pública, frente a la motosierra
En el centro del reclamo, Katopodis fue tajante: “El presidente Milei frenó mil obras en la Provincia y se robó la plata de los impuestos que por ley estaban destinadas a infraestructura”. Según el ministro, el gobierno nacional recaudó más de 3,6 billones de pesos en 2024 y lo que va de 2025 en conceptos atados a inversión pública, pero no ejecutó los fondos.
Frente a este panorama, el Gobierno de Axel Kicillof decidió duplicar el esfuerzo: la Provincia triplicó el presupuesto previsto en 2024 y proyecta invertir $1,3 billones en obra pública durante este año. “Nosotros no frenamos. Vamos a seguir construyendo con recursos propios y exigiendo lo que nos corresponde”, sostuvo Katopodis.
La ofensiva bonaerense no es solo administrativa: también es política. El escenario nacional de ajuste golpea en cada barrio. Desde rutas hasta aulas, la parálisis afecta la vida cotidiana. Pero también fortalece una identidad de gestión provincial basada en sostener lo que el Gobierno nacional desarma.
Barrios populares, obras y comunidad
Romina Barrios, titular del OPISU, detalló el trabajo que el organismo sigue desplegando en los territorios más postergados de la Provincia. Ya son 253 barrios en 67 municipios donde se ejecutan o planifican proyectos de integración social y urbana. Son más de 500 mil bonaerenses alcanzados por obras concretas: viviendas, pavimento, alumbrado, conexión de agua y cloacas, espacios comunitarios, mejoras en clubes de barrio, establecimientos educativos y polos productivos.
Barrios explicó que el impacto del recorte nacional no solo afecta al cemento: también se siente en alimentación, salud y servicios básicos. Sin embargo, subrayó que “el desafío es seguir trabajando en toda la Provincia, planificando y construyendo, incluso en condiciones adversas”.
Mientras el Gobierno nacional juega a vaciar la infraestructura como si fuera ideología, la Provincia apuesta a ponerle ladrillos a los derechos. Lo que está en juego no es un Excel: es si los bonaerenses van a tener agua, calle, aula y vereda. Y ante el abandono, la gestión responde con una certeza: gobernar no es ajustar, es hacerse cargo.
