Por Granja Tres Arroyos y Cresta Roja, piden en Diputados emergencia avícola: 1.200 empleos en riesgo

En Monte Grande, trabajadores de la ex Cresta Roja reclaman salarios que aseguran esperar desde hace unos cuatro meses. En Pilar, empleados de Granja Tres Arroyos recibieron una propuesta para cobrar parte de lo adeudado con pollos.

La crisis que unió esos dos puntos del Conurbano llegó este martes a la Cámara de Diputados: legisladores de Unión por la Patria buscan que se debata la emergencia ocupacional avícola. El antecedente son 1.200 despidos comunicados en tres plantas.

En la Comisión de Economía, presidida por Julia Strada, hablaron trabajadores de Granja Tres Arroyos de Capitán Sarmiento y Concepción del Uruguay, y de Wade, la operadora de la ex Cresta Roja. Fue una reunión informativa: no hubo dictamen. Sergio Palazzo, uno de sus impulsores, anunció que intentarán llevar al recinto un emplazamiento para obligar a la Comisión de Legislación del Trabajo a discutirlo.

La iniciativa tampoco nació esta semana. Fue presentada el 11 de septiembre como expediente 4700-D-2026 y propone declarar por un año la emergencia ocupacional del sector agroindustrial avícola. Además de Trabajo, fue girada a Agricultura y Ganadería y a Presupuesto y Hacienda. Aún debe pasar por las comisiones, ambas cámaras y la promulgación.

El mapa que llevó la discusión al Congreso se puede medir. El Ministerio de Trabajo bonaerense registró el 4 de septiembre 700 despidos comunicados en Capitán Sarmiento, 450 en Esteban Echeverría y 50 en Pilar. Dictó una conciliación por 15 días hábiles, prorrogable por cinco, que contempló reincorporaciones. Esa fotografía oficial no permite afirmar que hoy haya 1.200 despidos definitivos: falta conocer el resultado de las audiencias y si hubo una prórroga.

Las plantas tampoco pertenecen indistintamente a una sola razón social. Granja Tres Arroyos y Wade integran el mismo agrupamiento empresario, pero Wade opera la ex Cresta Roja de Esteban Echeverría. La distinción importa para reclamar salarios y discutir despidos. Para el trabajador que no cobra, la estructura corporativa puede sonar remota; para exigir el pago, tiene nombre y firma.

Qué puede proteger una emergencia y qué no puede pagar

Palazzo presentó la propuesta como una respuesta laboral a la crisis y planteó la posibilidad de asistencia mediante el programa Repro. Eso supone discutir apoyo estatal a empresas para sostener empleo bajo condiciones; no significa que el dinero ya esté aprobado, que se transfiera de inmediato o que una ley futura cancele salarios vencidos. Hay que leer sus requisitos antes de prometer beneficios.

El debate parlamentario abre una cuestión incómoda y necesaria: si el Estado va a sostener puestos de trabajo en un grupo concursado, ¿qué compromisos verificables asumirá la empresa sobre producción, salarios y empleo? La asistencia puede evitar que una planta deje de operar mientras se reorganiza.

También puede terminar financiando una espera indefinida si no se exige un plan y se controla su cumplimiento. Esa discusión no se resuelve llamando emergencia a la situación.

La Provincia había acordado en la audiencia del 4 de septiembre un pago de dinero a cuenta y la donación de 1.000 cajones de pollo a trabajadores afectados. La propuesta posterior conocida en Pilar es distinta: utilizar mercadería como parte de la cancelación de haberes adeudados. No se informó una valuación definitiva ni cuánto cobraría cada empleado. Juntar ambos episodios en un supuesto «pago con pollos» borra la diferencia entre una entrega de alimentos y el salario debido.

Mientras tanto, la crisis de Granja Tres Arroyos excede una negociación de sueldos. La firma pidió concurso preventivo y enfrenta una carga financiera que condiciona la compra de insumos, la continuidad de las granjas vinculadas y el ritmo de faena. El problema de caja no desaparece con una conciliación: frenar despidos por un plazo no produce alimento para las aves, no reabre mercados ni garantiza compradores para cada planta.

Los impulsores del proyecto también buscaron abrir una gestión con China para recomponer exportaciones. Es un frente económico relevante: vender al exterior puede ampliar la salida de la producción y aportar divisas. Pero una nota diplomática no equivale a una reapertura comercial; además hay que distinguir obstáculos sanitarios de la capacidad concreta de este grupo para producir y entregar.

El debate no puede prescindir de sus deudas ni de las decisiones que lo llevaron al concurso.

Tampoco se puede tomar el deterioro de una empresa grande como prueba de que todo el sector avícola argentino está en caída. Esa diferencia vuelve más importante leer la propuesta: si se declara una emergencia para toda la actividad, habrá que justificar quiénes quedarían alcanzados, qué dificultades comparten y cómo se evitaría que la ayuda tape responsabilidades particulares. La urgencia de los trabajadores no exige una explicación económica simplificada.

En Monte Grande y Pilar la cuenta corre de otro modo. Cada día sin un salario completo posterga pagos que no se saldan con una promesa de asistencia.

Los diputados pueden intentar forzar la reunión de una comisión y escribir condiciones para sostener empleos; la empresa debe responder por los haberes y por un plan de producción. La próxima señal concreta no será una foto en el Congreso: será saber qué pasó con la conciliación, cuánto cobró cada trabajador y si las plantas pueden seguir funcionando.