Eran poco más de las siete de la mañana y en El Palomar empezaba una escena conocida por cualquier familia del Conurbano: autos frenando en doble fila, chicos con mochilas, padres apurados y docentes esperando en la puerta. En segundos, esa rutina terminó atravesada por tres disparos.
Hernán Mariano Catarraso, comisario mayor inspector retirado de la Policía Bonaerense, llegaba con su hija al colegio Emaús cuando al menos seis hombres armados lo rodearon sobre Santiago Brian al 900. Intentaron asaltarlo y abrieron fuego a corta distancia. Uno de los proyectiles le dio en el abdomen.
Catarraso cayó herido junto al auto. Su hija, alumna de quinto grado, quedó dentro del vehículo y no sufrió lesiones.
La primera respuesta no llegó de una patrulla sino del barrio. Una enfermera que vive en la cuadra salió a asistirlo y, junto con otro vecino, intentó contener la hemorragia hasta la llegada del SAME. Una docente se llevó a la nena al interior del colegio por pedido de su padre.
Los atacantes escaparon. En la calle quedó abandonada una de las armas utilizadas durante el asalto. La investigación comenzó después, con peritajes y revisión de cámaras para intentar identificar a los seis sospechosos.
Pero el episodio tuvo rápidamente otra dimensión.
El colegio al que concurría la hija de Catarraso es también el establecimiento al que asisten los hijos del intendente Lucas Ghi. El propio jefe comunal estudió allí y fue docente. Y horas después del ataque anunció una decisión que cambia el tono de la política de seguridad municipal.
La futura Policía Municipal de Morón podrá tener agentes armados.
De la policía de proximidad al riesgo de improvisar una fuerza armada
La fuerza comenzará a operar en diciembre con una primera camada de 130 integrantes. Todos son exmiembros de fuerzas de seguridad que conservaron estado policial y, por esa condición, tienen autorización legal para portar armas particulares.
El municipio no puede entregarles armamento letal porque la legislación bonaerense actual no lo permite. La salida encontrada por Morón es peculiar: entregará dispositivos de baja letalidad como equipamiento oficial, pero los agentes podrán llevar además sus propias armas de fuego y utilizarlas cuando consideren que la situación lo requiere.
Ahí aparece el problema.
Una policía municipal pensada originalmente para prevención, presencia territorial, corredores escolares y zonas comerciales empieza a acercarse a una fuerza armada sin que exista todavía un marco provincial específico que regule integralmente ese funcionamiento.
Ghi informó que trabaja con la Provincia para conseguir una ley que permita a los municipios contar formalmente con personal armado. Mientras esa discusión sigue abierta, Morón avanzará utilizando el estado policial previo de sus agentes como puerta jurídica.
El contexto explica la presión política. Cerca del colegio donde balearon a Catarraso hubo además otro episodio esa misma mañana: una mujer que llevaba a sus hijos fue interceptada por delincuentes armados y obligada a bajar de su vehículo.
Los vecinos convocaron para la tarde a una concentración reclamando seguridad. Padres y frentistas aseguran que los robos alrededor de los horarios escolares no son excepcionales.
La reacción del municipio, sin embargo, merece una pregunta más profunda que la discusión simplista entre mano dura y garantismo.
Entregar capacidad de fuego no reemplaza una política de seguridad.
Los futuros agentes municipales fueron seleccionados entre unos 2.200 postulantes, pasaron controles de antecedentes y evaluaciones psicofísicas y realizarán cuatro meses de reentrenamiento. Tendrán funciones limitadas: presencia preventiva, intervención ante delitos callejeros y vigilancia de zonas sensibles. No harán investigaciones, allanamientos ni traslados de detenidos.
Precisamente por eso, permitir que una fuerza concebida como policía de proximidad combine equipamiento municipal con armas personales abre interrogantes sobre protocolos, conducción operativa y responsabilidades frente a una situación límite.
El tiroteo de El Palomar expuso una falla real de seguridad. No hace falta maquillarla. Un hombre recibió un disparo frente a una escuela mientras dejaba a su hija y otra familia sufrió un asalto armado en la misma zona.
Pero la respuesta estatal tampoco puede construirse bajo el efecto inmediato de una balacera.
Cuando una política de seguridad pasa de la prevención territorial al uso potencial de armas de fuego, la discusión deja de ser solamente cuántos policías hay en una esquina. Pasa a ser quién decide cuándo disparar, bajo qué reglas, con qué entrenamiento y quién responde después.
Porque en el Conurbano ya sabemos una cosa: una calle con más armas puede parecer más segura durante cinco minutos. El verdadero desafío es construir una seguridad que funcione antes del disparo.
