El crecimiento del juego online tendrá desde ahora una nueva contracara en la provincia de Buenos Aires: parte del dinero que mueve la actividad comenzará a regresar al Estado para financiar políticas sociales. El Gobierno bonaerense pondrá en marcha un aporte del 2% sobre determinados premios obtenidos en juegos digitales de resolución inmediata, como los slots, con una recaudación estimada de hasta $40.000 millones por mes.
La medida alcanza a las siete empresas concesionarias habilitadas para ofrecer apuestas online en territorio bonaerense y no implica la creación de un tributo desde cero. El mecanismo había quedado establecido en la Ley 15.079, sancionada en 2018, pero comenzará ahora a hacerse efectivo sobre esta modalidad específica de juego.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, estimó que el ingreso adicional se ubicará entre $35.000 y $40.000 millones mensuales. Los recursos serán destinados al Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS), desde donde podrán financiarse programas vinculados con salud, educación y desarrollo social.
La decisión tiene una dimensión fiscal evidente, pero también otra que atraviesa directamente a miles de familias bonaerenses. Las apuestas dejaron hace tiempo de estar limitadas al casino o la agencia tradicional. Hoy entran por el teléfono, están disponibles durante las 24 horas y pueden transformar una actividad recreativa en un problema difícil de detectar dentro de una casa.
Recaudar sobre una actividad que también genera costos sociales
Ahí aparece la discusión más interesante detrás del nuevo aporte. Si el Estado autoriza y regula una actividad económica que produce ganancias privadas, también resulta razonable que una parte de esos recursos contribuya a enfrentar los problemas sociales asociados con ella.
La Provincia informó que una porción de lo recaudado reforzará específicamente las políticas de prevención de la ludopatía, con especial atención sobre adolescentes y jóvenes, uno de los sectores sobre los que existe mayor preocupación por la expansión de las apuestas digitales.
Buenos Aires ya había avanzado con herramientas de control sobre el sector legal, entre ellas mecanismos de identificación biométrica. Al mismo tiempo, el problema excede a las plataformas autorizadas: el Gobierno provincial informó haber realizado más de 800 denuncias contra sitios ilegales.
También hubo acciones sobre la promoción de esas plataformas. En coordinación con Meta y la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA), fueron reportados más de 100 influencers vinculados con la difusión de páginas de apuestas que operaban fuera del circuito autorizado.
La diferencia no es menor. Regular el mercado legal permite establecer controles, identificar operadores y recaudar. Combatir el circuito clandestino busca evitar que esos mismos controles puedan ser esquivados con apenas unos movimientos desde un celular.
El nuevo esquema abre, de todos modos, una responsabilidad adicional para la administración bonaerense. Si la recaudación alcanza los montos proyectados, serán recursos considerables y deberá poder observarse con claridad cómo se utilizan y qué resultados producen, particularmente en prevención y asistencia frente al juego problemático.
Porque cobrarle al juego no resuelve por sí mismo la ludopatía. Puede, en cambio, aportar recursos para enfrentarla y hacer que una actividad que mueve enormes cantidades de dinero contribuya también a sostener salud, educación y políticas sociales.
