En una feria de González Catán había verduras, ropa, herramientas y el habitual movimiento de compradores buscando precio.
Pero entre los puestos también circulaba una mercadería bastante menos inocente: antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios y medicamentos que deberían haber pasado por una farmacia y, en algunos casos, requerían receta.
La investigación terminó con allanamientos en distintos puntos de La Matanza, nueve personas acusadas y cientos de cajas y blísteres secuestrados por la Policía Federal.
El hilo del que comenzaron a tirar los investigadores fue pequeño y bastante concreto: unas cubetas plásticas rojas.
Representantes de una droguería dedicada a distribuir medicamentos e insumos médicos detectaron que en la feria aparecía una cantidad llamativa de esos recipientes, utilizados por la empresa para transportar y almacenar sus productos. La presencia de las cubetas donde no debían estar despertó sospechas y terminó convertida en una denuncia.
La División Delitos Contra la Salud Pública de la Policía Federal tomó el caso. La pregunta inicial era sencilla: cómo habían llegado esos recipientes hasta allí y qué se estaba vendiendo dentro del predio.
Los policías comenzaron entonces un trabajo menos espectacular que un allanamiento, pero indispensable para conseguirlo: observaciones, seguimientos y vigilancia encubierta de los puestos sospechados.
La pesquisa permitió establecer que la venta no se limitaba a medicamentos de expendio libre. Entre los productos ofrecidos aparecieron antibióticos y cremas dérmicas cuya comercialización está sometida a controles y requiere intervención profesional.
Y la feria era apenas la vidriera.
El rastro salió de González Catán y se extendió por La Matanza
A medida que avanzaron los seguimientos, los investigadores reconstruyeron un circuito que conducía hacia otros cuatro domicilios presuntamente relacionados con la mercadería. El mapa terminó extendiéndose por González Catán, Libertad y Virrey del Pino, tres localidades del oeste del Conurbano atravesadas diariamente por un enorme entramado de comercio formal e informal.
Con las pruebas reunidas, el expediente llegó al Juzgado Federal N°1 de Morón, conducido por Martín Alejandro Ramos. El magistrado autorizó los allanamientos y la investigación abandonó la etapa silenciosa.
La Policía Federal desplegó distintas áreas operativas para realizar los procedimientos. Además de los agentes especializados en delitos contra la salud pública, participaron efectivos pertenecientes a Homicidios, Delitos Contra el Automotor, Investigación del Robo Organizado, brigadas de Investigaciones Nacionales y una Unidad Judicial Móvil.
El resultado fue la identificación de nueve personas mayores de edad -seis mujeres y tres hombres- que quedaron vinculadas judicialmente con la presunta comercialización irregular.
En los procedimientos fueron incautados cientos de envases, cajas y blísteres. Había analgésicos, antibióticos, cremas y otros medicamentos. La estimación realizada después de los operativos ubicó el valor de todo lo secuestrado en aproximadamente $18 millones.
Los nueve sospechosos quedaron a disposición del juez Ramos y fueron imputados por una presunta infracción al artículo 204 del Código Penal, que alcanza distintas conductas ilegales relacionadas con productos medicinales. No se informó que hayan quedado detenidos, por lo que corresponde hablar de personas identificadas e imputadas y no de nueve detenidos.
Y ahí está la diferencia entre encontrar mercadería clandestina y encontrar cualquier otra cosa en una feria. Un medicamento no se vuelve seguro porque venga dentro de una caja conocida. Importan su procedencia, conservación, vencimiento, trazabilidad y las condiciones bajo las cuales llega a quien finalmente lo consume.
En el Conurbano, las ferias también funcionan como enormes pulmones económicos para familias que necesitan comprar más barato y para otras tantas que viven de vender. Criminalizar ese universo sería tan cómodo como absurdo.
Otra cosa es cuando por sus pasillos empieza a circular aquello que necesita controles precisamente porque puede afectar la salud.
Esta vez la pista fueron unas simples cubetas rojas. Detrás apareció un circuito que la Justicia todavía deberá reconstruir por completo. Porque en una feria casi todo puede tener precio. Un remedio sin control sanitario puede tener, además, un costo que no figura escrito en ningún cartel.
