El negocio financiero de las billeteras virtuales entró en la mira del Gobierno bonaerense. Axel Kicillof anunció que la Provincia aumentará los controles sobre las empresas que otorgan créditos digitales ante denuncias por tasas extraordinarias, condiciones poco transparentes y métodos de cobranza que pueden terminar en hostigamiento. Defensa del Consumidor ya contabiliza 2.240 presentaciones contra Mercado Pago, Naranja, Ualá y Cencosud.
El fenómeno tiene una escala que excede cualquier discusión sobre una aplicación. Según las cifras presentadas por Kicillof, unos 21 millones de adultos están endeudados en la Argentina y cerca de seis millones registran atrasos. En el sistema bancario, afirmó, la mora pasó del 2,5% al 12,8% durante el gobierno de Javier Milei. Entre usuarios de billeteras virtuales se cuadruplicó y en financieras no bancarias habría saltado del 17,5% al 43%.
"Esta situación de incumplimiento no es un problema entre privados ni algo que se produce por una toma de decisiones individual", sostuvo el gobernador.
La explicación bonaerense apunta directamente al deterioro de los ingresos. Menos salario disponible, pérdida de empleo y dificultades para sostener gastos corrientes empujaron a numerosas familias hacia un crédito que ya no necesariamente financia bienes durables. Muchas veces permite simplemente atravesar el mes.
Kicillof cuestionó por eso el argumento libertario sobre la responsabilidad individual: "Milei apela a este recurso: dice que a nadie le pusieron una pistola en la cabeza para tomar deuda y que es un problema entre privados". Y respondió: "Son millones de personas que se endeudan para pagar alimentos, remedios, alquiler o estudios médicos, para la vida en sí".
Tasas de hasta 1000% y cobranzas bajo investigación
El ministro de Producción, Augusto Costa, informó que Defensa del Consumidor abrió actuaciones de oficio por posibles incumplimientos en la información proporcionada al contratar préstamos y por ausencia del botón de arrepentimiento. Las compañías deberán explicar además qué criterios utilizan para determinar las tasas aplicadas a cada cliente.
Costa advirtió sobre préstamos cuyas tasas pueden oscilar entre 700% y 1000%, dependiendo del tomador. Un porcentaje semejante no convierte automáticamente una operación en delito, pero existe un límite jurídico: el artículo 175 bis del Código Penal contempla la usura cuando alguien, aprovechándose de la necesidad, ligereza o inexperiencia de una persona, obtiene intereses o ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas. La eventual configuración del delito corresponde determinarla a la Justicia.
También está bajo observación lo que ocurre después. Entre las denuncias aparecen llamados a familiares y lugares de trabajo, intimaciones y amenazas de embargo atribuidas a prestadores o agencias tercerizadas cuando el deudor deja de pagar.
La Provincia ya había investigado términos y condiciones de Mercado Pago y, según Costa, consiguió modificaciones en cláusulas cuestionadas. Ahora amplía el radio sobre el mercado de crédito digital. Las multas por infracciones comprobadas podrían alcanzar los $1.883 millones, además de la obligación de modificar las prácticas detectadas.
Detrás de la pelea aparece una discusión bastante mayor. Una billetera puede conocer movimientos, consumos y comportamiento financiero del usuario y ofrecerle dinero en pocos clics. Del otro lado puede haber alguien tratando de cubrir la comida, el alquiler o los medicamentos hasta cobrar nuevamente. Llamar a eso simplemente un contrato entre iguales exige bastante imaginación.
Kicillof reconoció además el límite institucional de la ofensiva: la regulación financiera central corresponde a la Nación. Buenos Aires puede aplicar la legislación de Defensa del Consumidor, investigar contratos, sancionar abusos y exigir información, pero no reemplazar al Banco Central.
Cuando cerca de seis millones de personas dejan de pagar, sin embargo, la explicación del "mal deudor" empieza a quedar chica. Si el crédito destinado a resolver el fin de mes transforma el mes siguiente en una deuda todavía mayor, la pregunta deja de ser solamente quién pidió el dinero. También importa saber quién hizo negocio prestándolo, a qué tasa y bajo qué reglas.
