El Gobierno empezó a retroceder con la Ley de Tierras antes de llegar al recinto. La propuesta original de Federico Sturzenegger buscaba eliminar los límites a la compra de campos argentinos por parte de personas y sociedades extranjeras. El nuevo borrador que circula en el Senado conservaría la restricción, aunque elevaría del 15% al 25% la superficie rural que puede quedar en manos foráneas dentro de cada provincia. No es una retirada completa, pero tampoco es la liberalización sin barreras que había imaginado el ministro.
La explicación no requiere demasiada teoría. Al oficialismo le faltan votos y le sobra costo político. Hasta el fin de semana calculaba entre 34 y 35 adhesiones, cuando necesita al menos 36 para asegurar la aprobación. Gobernadores, aliados parlamentarios y sectores de la sociedad civil comenzaron a preguntarse quién estaría dispuesto a explicar en su territorio que acompañó una norma percibida como una habilitación para extranjerizar recursos estratégicos.
Patricia Bullrich quedó a cargo de encontrar una salida. La jefa del bloque libertario negoció una versión menos extrema con los senadores aliados y terminó imponiendo el pragmatismo sobre el maximalismo de Sturzenegger. En el Congreso, como en la vida, entre aprobar algo y fracasar con pureza doctrinaria suele elegirse lo primero.
Bullrich negocia los votos y el kicillofismo finalmente entra en escena
El cambio implica que la iniciativa ya no eliminaría la barrera establecida en 2011, sino que la ampliaría en diez puntos. El texto mantendría una prohibición por encima del 25% del territorio rural de cada provincia. El límite actual es del 15% y contempla además restricciones específicas en las zonas productivas centrales.
La concesión también revela una interna dentro del propio Gobierno. Sturzenegger defendía la igualdad plena entre argentinos y extranjeros para adquirir inmuebles, apoyándose en el artículo 20 de la Constitución. Bullrich respondió con una cuenta más sencilla: sin aliados, no hay ley. La sesión ya había terminado en un cuarto intermedio después de que chocaran ambas posiciones y ahora incluso existen dudas sobre si el debate se realizará este jueves o será postergado.
La situación se complicó además por la disputa política en Misiones. Los votos que el oficialismo consideraba prácticamente asegurados dejaron de estarlo tras la ruptura entre el gobernador Hugo Passalacqua y Carlos Rovira. En una Cámara ajustada, una interna provincial puede pesar más que veinte páginas de fundamentos jurídicos.
Del otro lado, el gobierno bonaerense también decidió subir el volumen. Carlos Bianco calificó la propuesta como parte de un proceso de extranjerización y sostuvo que Javier Milei marcha en sentido contrario a países que protegen sus tierras, el agua y los recursos naturales. Recordó que Brasil mantiene un límite cercano al 25% y que otras potencias aplican controles sobre la propiedad extranjera.
El Movimiento Derecho al Futuro y el PJ bonaerense anunciaron su participación en la movilización prevista frente al Congreso. Axel Kicillof también vinculó el proyecto con la negociación de recursos nacionales a cambio de votos legislativos y acusó al Ejecutivo de utilizar fondos retenidos a las provincias como instrumento de presión.
El pronunciamiento llega tarde para la magnitud del asunto, pero llega. La provincia de Buenos Aires concentra tierras productivas, agua, cinturones hortícolas, infraestructura logística y una porción decisiva del sistema agroindustrial argentino. Que su principal fuerza política opositora tomara posición era menos una opción que una obligación.
La discusión no terminó. Pasar del 15% al 25% sigue significando ampliar considerablemente la posibilidad de extranjerización. Pero el retroceso oficial confirma que la tierra no es un activo cualquiera y que ni siquiera los aliados están dispuestos a pagar gratuitamente el costo de rifar soberanía con membrete de desregulación. Sturzenegger quería abrir completamente la tranquera. Por ahora, el Senado parece dispuesto a dejarla apenas entornada.
