En política, los favores no siempre llegan dentro de un sobre. A veces aparecen prolijamente escritos en el Boletín Oficial, con lenguaje administrativo y la tranquilidad de aquello que pretende pasar inadvertido.
Javier Milei renovó por otros cinco años al camarista laboral Víctor Arturo Pesino, uno de los magistrados que permitió al Gobierno recuperar la aplicación de los 82 artículos de la reforma laboral suspendidos por una medida cautelar impulsada por la CGT.
La designación comenzará a regir el 27 de julio de 2026, cuando Pesino alcance los 75 años, edad en la que los jueces necesitan un nuevo nombramiento para continuar en funciones. El acuerdo fue aprobado por el Senado y luego refrendado por el Presidente. El procedimiento es constitucional. La lectura política, bastante menos ingenua.
Pesino integra la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Fue uno de los jueces que, en abril pasado, otorgó efecto suspensivo a la apelación presentada por el Gobierno contra la cautelar dictada por el juez Raúl Ojeda, lo que permitió restablecer la vigencia de los artículos cuestionados.
Traducido del lenguaje judicial: mientras continúa la discusión de fondo, la reforma volvió a caminar.
Una decisión legal que deja ruido político
La reforma laboral no es una ley más dentro del programa libertario. Es una pieza estructural del modelo económico que impulsa Milei. El Gobierno considera indispensable modificar el régimen laboral para consolidar un esquema de menor regulación, reducir litigiosidad y alterar la relación de fuerzas entre empresas y sindicatos.
Por eso la Cámara del Trabajo se transformó en uno de los escenarios más sensibles de la disputa política. Allí no solo se interpretan normas jurídicas: también se define cuánto margen tendrá el Ejecutivo para llevar adelante su programa económico.
La continuidad de Pesino cumplió con todos los pasos institucionales previstos. No existe, por sí misma, ninguna prueba de intercambio de favores ni irregularidad alguna. Sería irresponsable afirmarlo. Pero la política rara vez se mueve únicamente por expedientes. También vive de los símbolos.
El juez que firmó un fallo favorable para una reforma central del Gobierno recibe ahora del propio Presidente la posibilidad de continuar cinco años más en un tribunal que seguirá interviniendo sobre ese mismo conflicto. Puede ser una coincidencia institucional. También una imagen políticamente incómoda.
La Casa Rosada argumentará que el magistrado reúne antecedentes suficientes y que simplemente ejerció una atribución constitucional. Todo eso puede ser cierto. También lo es que Milei decidió sostener en un lugar estratégico a un juez cuya interpretación jurídica resultó funcional para uno de los objetivos centrales de su gestión.
El episodio suma un nuevo capítulo a una discusión que atraviesa a todos los gobiernos: la relación entre el Poder Ejecutivo y la Justicia. El oficialismo suele denunciar a la "casta judicial" cuando los fallos frenan sus reformas, pero reivindica la independencia de los tribunales cuando las resoluciones acompañan su agenda.
La reforma laboral todavía recorrerá un largo camino judicial. Habrá nuevas apelaciones, planteos de constitucionalidad y decisiones de tribunales superiores. Pero mientras ese proceso continúa, Milei ya aseguró que uno de los jueces que despejó el camino para su proyecto permanezca sentado donde más lo necesita.
Todo dentro de la ley. Porque en la Argentina, muchas veces, el poder no necesita esconderse: le alcanza con publicarse en el Boletín Oficial.
