Los servicios públicos ya consumen el 15% del salario en el AMBA

La desaceleración de la inflación no alcanza para aliviar el bolsillo cuando las facturas siguen creciendo. Esa es la realidad que enfrentan millones de hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde pagar los servicios esenciales demanda una porción cada vez mayor del ingreso mensual. La economía puede mostrar señales de estabilización, pero en las casas del Gran Buenos Aires la discusión sigue siendo la misma: cuánto queda del sueldo después de pagar la luz, el gas, el agua y el transporte.

El último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet refleja esa tensión. Durante julio, la Canasta de Servicios Públicos aumentó 4,6% respecto del mes anterior y ya equivale al 15% del salario promedio del AMBA. El incremento combina dos factores previsibles, pero igualmente pesados para las familias: los ajustes tarifarios y el mayor consumo energético propio del invierno.

La suba no afecta únicamente a las estadísticas. Modifica la estructura del gasto familiar. Los servicios públicos son consumos difíciles de evitar. Se puede postergar la compra de ropa o reducir una salida de fin de semana, pero no dejar de viajar para trabajar ni apagar la calefacción cuando las temperaturas caen por debajo de cero.

El invierno vuelve más pesada una cuenta que no deja de crecer

El componente de mayor peso dentro de la canasta sigue siendo el transporte, que representa alrededor del 40% del gasto total. Durante julio registró un aumento del 3,7%, impulsado por las actualizaciones en las tarifas de colectivos urbanos e interjurisdiccionales, utilizados diariamente por cientos de miles de trabajadores que se trasladan entre el Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, el mayor impacto llegó desde la energía. La electricidad registró un incremento del 12,5% frente a junio como consecuencia de la combinación entre mayores consumos y nuevos cuadros tarifarios. El gas también mostró una suba significativa del 5,2%, producto del aumento en los cargos y del pico estacional de demanda.

El único alivio parcial apareció en el servicio de agua, cuya factura promedio descendió 4,6% debido a una reducción en el componente variable aplicada por el organismo regulador para limitar el aumento mensual.

Más allá de las variaciones entre servicios, el dato de fondo sigue siendo el mismo: sostener el funcionamiento básico de un hogar cuesta cada vez más.

El informe también aporta un elemento clave para comprender el debate tarifario. Actualmente, los usuarios afrontan en promedio el 54% del costo real de producción de los servicios públicos, mientras el Estado financia el 46% restante mediante subsidios. Incluso, las transferencias destinadas a ese esquema acumulan un crecimiento real del 10% en lo que va del año.

Ese equilibrio explica parte del dilema económico del Gobierno. La administración de Javier Milei busca reducir el peso de los subsidios sobre las cuentas públicas, pero cualquier aceleración en la recomposición tarifaria impacta directamente sobre ingresos que todavía no recuperan plenamente su capacidad de compra.

En el Gran Buenos Aires esa ecuación adquiere una dimensión todavía más sensible. Los hogares dependen de varios medios de transporte para llegar al trabajo y enfrentan un mayor consumo energético durante el invierno, especialmente en viviendas con escasa eficiencia térmica.

La macroeconomía puede celebrar el ordenamiento de algunas variables, pero la economía doméstica sigue mostrando otra fotografía. Cuando la canasta de servicios absorbe el 15% del salario antes de entrar al supermercado, la discusión deja de ser exclusivamente fiscal. Empieza a ser, otra vez, una discusión sobre cuánto margen les queda a las familias para sostener su nivel de vida.