El expediente por la criptomoneda $LIBRA acaba de cruzar un umbral que lo saca definitivamente del terreno de las especulaciones políticas para entrar de lleno en la investigación patrimonial. Hasta ahora el foco estaba puesto en reconstruir cómo se había movido el dinero. Desde esta semana, la pregunta pasó a ser otra: quiénes están detrás de las billeteras que recibieron esos fondos.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó congelar activos vinculados a la causa y requirió a seis de las principales plataformas internacionales de criptomonedas que identifiquen a los titulares de las cuentas involucradas. La medida fue impulsada por el fiscal Eduardo Taiano luego de un informe elaborado por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal, que durante meses siguió el recorrido de los criptoactivos desde el lanzamiento hasta el desplome del token.
Del rastro digital a las personas físicas
La resolución alcanza billeteras alojadas en Binance, Bybit, OKX, CoinEx, Bitfinex y FixedFloat. No se trata solamente de inmovilizar fondos. El objetivo central consiste en romper el anonimato que suele rodear al universo cripto.
Por esa razón, el magistrado solicitó a cada plataforma toda la documentación disponible bajo el sistema KYC (Know Your Customer), el mecanismo de identificación que utilizan los exchanges centralizados para validar la identidad de sus usuarios. La Justicia pidió datos personales, documentación presentada al abrir las cuentas, direcciones IP utilizadas para operar, cuentas bancarias asociadas e historial completo de movimientos.
La lógica de la investigación es sencilla. Si las operaciones terminaron en plataformas donde los usuarios debieron identificarse para operar, entonces el recorrido del dinero podría conducir directamente hacia personas concretas y no solamente hacia direcciones alfanuméricas imposibles de interpretar para el ciudadano común.
El informe técnico de la Policía Federal permitió reconstruir una secuencia mucho más amplia que la conocida hasta ahora. Según los investigadores, los fondos salieron inicialmente de las denominadas "Team Libra Wallets", vinculadas al lanzamiento del proyecto, y fueron canalizados hacia el protocolo descentralizado Meteora durante las horas críticas del 14 y 15 de febrero de 2025, cuando el token experimentó su explosiva valorización y posterior derrumbe.
Posteriormente esos activos confluyeron en una billetera intermediaria desde donde, meses después, fueron redistribuidos mediante 17 transferencias fragmentadas hacia distintas direcciones. Para los investigadores esa mecánica no fue casual.
La resolución judicial describe ese esquema como una maniobra de "pitufeo digital" o smurfing, una técnica utilizada para dividir grandes sumas en múltiples operaciones de menor monto con el propósito de dificultar el rastreo o facilitar su posterior conversión en dinero tradicional.
Al menos diez de esas operaciones terminaron ingresando a Binance, un dato que para la investigación resulta especialmente relevante porque esa plataforma exige procedimientos formales de identificación de sus clientes.
En un país donde todavía no existe un organismo específico que regule el mercado de criptomonedas, el juez justificó el congelamiento preventivo como una forma de evitar que los activos desaparezcan antes de que la investigación pueda determinar responsabilidades.
La causa todavía está lejos de establecer responsabilidades penales definitivas. Pero la investigación cambió de etapa. Ya no persigue únicamente el recorrido del dinero: ahora intenta ponerle nombre y apellido a quienes estuvieron del otro lado de las billeteras. En los expedientes de corrupción, el dinero suele hablar. La diferencia es que esta vez también podría terminar identificando a quienes creían que detrás de una dirección digital alcanzaba para desaparecer.
