El debut legislativo de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete no empezó con un proyecto cómodo. Su primera misión política fue salir a conseguir los votos para modificar el régimen de Zona Fría justo cuando gran parte de la provincia de Buenos Aires atraviesa temperaturas bajo cero. Difícil imaginar un bautismo de fuego más incómodo: convencer a senadores de reducir un beneficio sobre el gas mientras el invierno golpea la puerta de millones de hogares.
La prioridad llegó directamente desde la Casa Rosada. Javier Milei pretende avanzar con una reforma que reduzca el costo fiscal del programa y permita un ahorro cercano a los $250.000 millones. El problema es que la economía nunca viaja sola. Siempre lleva un acompañante llamado política. Y en este caso, el calendario climático tampoco ayuda.
El ahorro fiscal choca con el costo político
Santilli reunió a bloques aliados junto con Patricia Bullrich para hacer el clásico "conteo de porotos". El optimismo oficial existe, pero las cuentas todavía no cierran. La ley ya obtuvo media sanción en Diputados, aunque el Senado aparece como un terreno mucho más complejo.
El proyecto modifica la forma en que se calcula el beneficio. Hoy los usuarios alcanzados reciben descuentos del 30% o del 50% sobre el monto de la factura. La nueva propuesta limita esa bonificación únicamente al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), dejando afuera el costo del transporte y el Valor Agregado de Distribución, componentes que representan una parte importante de la factura final.
Traducido al idioma de cualquier usuario: el descuento seguiría existiendo, pero sobre una porción mucho menor de la boleta. En consecuencia, el monto final a pagar aumentaría. Para muchos hogares el beneficio efectivo podría reducirse a alrededor del 15% del total de la factura, dependiendo de la composición tarifaria.
El cambio impactaría sobre aproximadamente 1.240.000 hogares distribuidos en 94 municipios bonaerenses. La Patagonia también sufriría incrementos, aunque conservaría parte del régimen diferencial.
La negociación política no se limita a Buenos Aires. Los diez senadores vinculados a los gobernadores del Norte Grande se transformaron en actores decisivos. Su respaldo depende de otra discusión: la creación de una compensación para las provincias cálidas durante el verano mediante alivios en la tarifa eléctrica. No consiguieron incorporarla al proyecto, pero pretenden obtener ese compromiso antes de levantar la mano.
Mientras tanto, el rechazo comenzó a multiplicarse desde distintos frentes. Gobernadores de diferentes signos políticos cuestionan la iniciativa y numerosos municipios impulsaron campañas para mantener el régimen vigente. También crecieron los reclamos de intendentes de ciudades donde el invierno se hace sentir con fuerza.
La escena contiene una paradoja difícil de ignorar. Argentina posee una de las mayores reservas de gas del planeta y avanza hacia convertirse en un importante exportador energético. Sin embargo, al mismo tiempo discute cómo reducir un régimen de compensación para usuarios que necesitan calefaccionarse durante el invierno. El gas, naturalmente, tiene un costo económico y producirlo no es gratis. Pero cuando el debate llega al Congreso, el precio deja de medirse solamente en pesos: también se calcula en votos.
Santilli lo descubrió apenas asumió. Su primer baile político fue con la reforma más fría del Gobierno. Y en el Senado, donde cada voto vale oro, convencer a un legislador de explicar una factura de gas más cara en plena ola polar puede terminar siendo bastante más difícil que aprobar cualquier plan económico.
