Hay una vieja regla de la política que nunca pierde vigencia: cuando un gobierno deja de mostrar los números, el problema deja de ser contable y pasa a ser político. Eso es exactamente lo que acaba de reflejar un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP), que colocó a Hurlingham entre los municipios bonaerenses con peor desempeño en materia de transparencia fiscal.
El distrito administrado por Damián Selci fue ubicado en la categoría de "Nula Exposición de Datos", el escalón más bajo de la evaluación. La razón es concreta: la ausencia de información presupuestaria actualizada y de datos sobre la ejecución de los recursos públicos en el sitio oficial del municipio. Dicho de otra manera, quienes intenten saber cómo se administra el dinero de Hurlingham se encontrarán con muy pocas respuestas.
Cuando los datos desaparecen, la política ocupa el lugar de las explicaciones
La evaluación elaborada por ASAP no mide simpatías políticas ni afinidades ideológicas. Analiza algo bastante más sencillo: si los municipios publican información básica sobre presupuesto, ejecución del gasto y situación financiera para que pueda ser consultada por cualquier ciudadano.
Ese acceso no constituye un detalle administrativo. Es uno de los pilares sobre los que se construye la rendición de cuentas. Sin datos públicos resulta imposible conocer con precisión cómo evolucionan los ingresos municipales, en qué áreas se concentra el gasto, cuánto se ejecutó del presupuesto aprobado o cuáles son las prioridades reales de una gestión.
En el relevamiento correspondiente al primer trimestre de 2026, 65 municipios bonaerenses obtuvieron la calificación máxima al cumplir con todos los estándares de publicación exigidos. Otros lograron niveles altos o intermedios de cumplimiento. Hurlingham quedó en el extremo opuesto.
El distrito obtuvo apenas cinco puntos sobre cien posibles y pasó a integrar el grupo de los 21 municipios con peor desempeño en materia de transparencia presupuestaria. La calificación responde a la falta de publicación de información actualizada o a la existencia de datos incompletos que impiden reconstruir la ejecución de las cuentas públicas.
En términos políticos, la cuestión adquiere otra dimensión. La transparencia dejó hace tiempo de ser solamente una bandera discursiva para transformarse en una herramienta de legitimidad. Un intendente puede defender una determinada orientación económica, aumentar tasas o modificar prioridades presupuestarias. Lo que resulta mucho más difícil de justificar es que esa información no pueda ser verificada por vecinos, instituciones o especialistas.
La paradoja tampoco pasa inadvertida. En tiempos donde los gobiernos exigen cada vez más información a los contribuyentes, la obligación de explicar cómo se administran los recursos públicos parece avanzar con mucha menor velocidad.
La discusión, además, excede a Hurlingham. La calidad institucional de un municipio también se mide por la facilidad con la que cualquier vecino puede controlar el destino del dinero que aporta mediante impuestos y tasas. Cuanto menor es la información disponible, mayor es el espacio para las sospechas, las interpretaciones y la discrecionalidad.
El informe de ASAP vuelve a poner ese debate sobre la mesa. No acusa delitos ni formula hipótesis judiciales. Hace algo bastante más incómodo para cualquier administración: muestra quién abre las ventanas y quién prefiere gobernar con las persianas bajas. Porque en política, los números pueden incomodar, pero esconderlos casi siempre termina siendo más costoso que publicarlos.
