Nación reforzó las compensaciones para 104 líneas nacionales del AMBA y evitó otra suba en noviembre. La medida llega con la confianza en retroceso en el GBA y críticas de Córdoba por el reparto de recursos.
Revés para Milei: la Justicia frenó la privatización de AYSA
La justicia de la provincia de Buenos Aires hizo lugar a la presentación que había hecho el Defensor del Pueblo bonaerense, quien denunció que la privatización comprometía derechos medioambientales.
La Justicia dictó una cautelar que frena la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA). El juez en lo Contencioso Administrativo número 2 de La Plata, Mariano López, frenó el proceso de venta de activos por posibles prejuicios ambientales. Así hizo lugar a la presentación judicial que había hecho el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires en la que denunciaba que el proceso de privatización no contempla "elementos básicos que garanticen el acceso al agua" al tiempo que desconoce la existencia de "pasivos ambientales en territorio bonarense".
López elevó su decisión a la Cámara Federal de La Plata y argumentó que la privatización dispuesta por el gobierno nacional no fortalece las obligaciones de garantizar un acceso a la cobertura sanitaria, como así tampoco no aumenta los mecanismos de recomposición y prevención. López sumó: "(La privatización) tiende a reducir las exigencias regulatorias y postergar obras críticas”.
En el mismo sentido, el juez avaló la posición del Defensor del Pueblo bonaerense quien defendió el derecho colectivo del acceso al agua potable, de forma suficiente, segura y equitativa.
La Defensoría bonaerense, a cargo de Guido Lorenzino, había solicitado a la Justicia que detuviera la privatización dado que ponía en riesgo el esquema de mayor exigencia ambiental de la empresa en cuanto a inversiones, mantenimiento, expansión, saneamiento, remediación ambiental o continuidad del servicio público esencial. La justicia consideró que nada de estofue tenido en cuenta en el pliego de la licitación de Aysa, que por el contrario pone en riesgo tanto el derecho humano de acceso al agua potable como el derecho a un ambienta sano.
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