La Justicia sospecha que la organización operaba con profesionales extranjeros sin habilitación para ejercer en el país, certificados médicos presuntamente adulterados y ambulancias que circulaban con documentación previamente sellada.
La investigación por la falsa clínica Argentina Salud sigue sumando capítulos y complica cada vez más a los detenidos en la mega causa judicial. Según fuentes del caso, ya son más de 30 escuelas e instituciones públicas las que denunciaron haber contratado servicios con la firma, mientras se espera que en las próximas horas se incorporen nuevos hechos al expediente.
Con el avance de la pesquisa, los investigadores lograron reconstruir parte del funcionamiento de la estructura ilegal que operaba en González Catán y que, presuntamente, ofrecía servicios médicos sin habilitación y con profesionales que no estaban autorizados para ejercer en el país.
Hasta el momento hay seis detenidos, entre ellos Alberto Santarceri, señalado como dueño de la firma. Todos podrían enfrentar una ampliación de imputaciones por nuevas maniobras detectadas en la causa, que está a cargo del fiscal Fernando Garate.
Uno de los puntos clave de la investigación fueron las declaraciones de médicos que trabajaron dentro del lugar. Un acusado identificado como C.C. reconoció ser médico en Bolivia, aunque admitió no contar con habilitación para ejercer en Argentina. Además, relató que fue contactado por una compañera para trabajar en la clínica y que Santarceri le habría entregado un sello médico perteneciente a otro profesional y una oficina en Virrey del Pino.
En su testimonio, también reveló que cuando salían en ambulancias llevaban certificados previamente sellados y que cobraban $80.000 por guardias de 24 horas.
Otra declaración que resultó relevante fue la de D.S., quien afirmó ser médica en Cuba, pero tampoco estaba habilitada en el país. Según su relato, atendía pacientes utilizando un sello que también le había sido facilitado por Santarceri.
Mientras avanza la causa, esta semana se esperan nuevas declaraciones testimoniales y una posible ampliación del expediente, que podría exponer aún más la magnitud del entramado ilegal.
