El blindaje político empieza a mostrar grietas.
El problema para Manuel Adorni dejó de ser solamente judicial. Ahora también es político, financiero y simbólico. En la Casa Rosada ya no discuten si el escándalo existe. Discuten cuánto daño más puede soportar el Gobierno antes de que el vocero devenido jefe de Gabinete se transforme definitivamente en una carga imposible de sostener. Y la novedad de las últimas horas empeoró todo: el juez Ariel Lijo ordenó revisar las comunicaciones de Marcelo Grandio, productor televisivo, amigo personal de Adorni y uno de los hombres que orbitó alrededor de los contratos adjudicados desde la estructura estatal que el propio funcionario controla políticamente.
La medida judicial no es menor. Implica abrir teléfonos, mensajes y contactos bajo la sospecha de posibles dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública. En otras palabras, la Justicia ya no observa solamente declaraciones patrimoniales dudosas o compras difíciles de explicar. Ahora empieza a reconstruir relaciones, favores y circuitos de confianza. Y ahí es donde el asunto se vuelve realmente delicado para cualquier gobierno.
Grandio quedó bajo la lupa por los contratos obtenidos por su productora, ImHouse, con la Televisión Pública, un área que depende de la órbita comunicacional vinculada directamente a la Jefatura de Gabinete. El detalle político no pasa inadvertido en Balcarce 50: Grandio no es un desconocido periférico. Es parte del ecosistema íntimo del funcionario. Incluso fue quien acompañó a Adorni durante el viaje en avión privado a Punta del Este en el último Carnaval. En la lógica del poder, las amistades suelen ser un problema cuando empiezan a cruzarse con expedientes, contrataciones y transferencias de dinero.
El dinero, las propiedades y las jubiladas
Mientras tanto, la causa judicial siguió acumulando capas. Esta semana declaró Leandro Miano, empresario inmobiliario e hijastro de una de las jubiladas que financiaron la compra del departamento de Adorni en Caballito. Su testimonio confirmó algo que en tribunales ya empieza a repetirse demasiado: existieron acuerdos económicos por fuera de la escritura formal.
Según reconstruye la investigación, el funcionario habría pactado un pago adicional de 65 mil dólares que todavía seguiría pendiente. El esquema de financiamiento, además, aparece cada vez más extraño incluso para estándares generosos de Comodoro Py. Dos jubiladas prestando cientos de miles de dólares, acuerdos verbales sin intereses ni plazos y operaciones inmobiliarias donde nadie parece demasiado preocupado por dejar documentación respaldatoria.
En paralelo, el contratista Matías Tabar agregó otra pieza incómoda. Ya había declarado por las remodelaciones de la propiedad de Indio Cuá, donde aseguró haber cobrado 245 mil dólares en efectivo y sin factura. Ahora apareció un nuevo capítulo: muebles y trabajos de carpintería por otros 14 millones de pesos destinados al departamento de Caballito.
Mesa de mármol, rack de televisión, consola, vajillero, comedor diario, espejos. La lista parece salida de una revista de decoración premium en medio de un gobierno que construyó buena parte de su narrativa alrededor de la austeridad y la motosierra. El problema no es solamente el gusto estético. Es la capacidad económica para afrontar gastos que, hasta ahora, no terminan de cerrar con los ingresos declarados públicamente.
Por eso el juez Lijo avanzó también sobre el secreto fiscal de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, ante ARBA. La señal es clara: la investigación ya dejó de ser una sucesión de episodios aislados y empieza a transformarse en una reconstrucción integral del patrimonio, los vínculos y los movimientos financieros del matrimonio.
En el Gobierno todavía intentan sostenerlo. Milei cree que entregar a Adorni sería admitir una derrota política en el corazón mismo de su esquema comunicacional. Pero cada nuevo expediente amplía el problema. Porque la causa ya no gira solo alrededor de un funcionario que compra propiedades, remodela countries o cambia muebles. Lo que empieza a discutirse es algo mucho más sensible para cualquier oficialismo que llegó prometiendo pureza moral: la distancia entre el discurso anticasta y la vida real de quienes administran el poder.
Y en política, cuando un gobierno tiene que explicar demasiado cómo se pagaron los sillones, las hipotecas, los vuelos y las refacciones, normalmente el problema ya dejó de ser contable. Pasa a ser de credibilidad.
Incomodidad
En Balcarce 50 el cálculo es incómodo. Si Adorni cae, el Gobierno pierde a una pieza central de su dispositivo discursivo. Si Adorni sigue, la crisis se queda sentada en la mesa chica. No hay salida limpia. Por eso la investigación sobre Grandio preocupa tanto: puede conectar el frente patrimonial con el frente de contrataciones públicas. Una cosa es explicar una operación inmobiliaria confusa. Otra, bastante más pesada, es que aparezca una trama de beneficios alrededor de amigos, productoras y contratos estatales.
La línea que mira la Justicia es precisa: si hubo favores, si hubo dádivas, si existieron negociaciones incompatibles y si el cargo público funcionó como plataforma de negocios o privilegios. La revisión de comunicaciones puede ordenar fechas, contactos y decisiones. También puede mostrar si las contrataciones con la Televisión Pública fueron simples expedientes administrativos o parte de una red de cercanías.
El oficialismo, mientras tanto, queda atrapado en su propia trampa narrativa. Hizo de la transparencia un látigo contra todos los demás y ahora debe explicar por qué uno de sus funcionarios más visibles acumula deudas, pagos informales, gastos en efectivo y vínculos contractuales bajo sospecha. El problema de las causas políticas no es solo lo que prueban. Es lo que instalan.
Y lo que esta causa instala es devastador para el relato libertario: mientras se exige sacrificio social, ajuste fiscal y obediencia al ciudadano común, en la cúspide del poder aparecen operaciones que no soportan una explicación sencilla. En la política real, cuando la explicación se vuelve demasiado larga, la defensa empieza a sonar a despedida.
