El Gobierno suma un nuevo frente de tormenta y ya no alcanza con hablar de “ruido político”. Un intercambio de correos internos en Cancillería dejó al descubierto una licitación por más de $114 millones que, según surge de la propia documentación oficial, habría sido diseñada con un único destinatario: la empresa de la esposa del ministro Federico Sturzenegger. La secuencia es incómoda porque muestra algo más que una irregularidad administrativa. Expone un mecanismo. Instrucciones previas, condiciones hechas a medida y un proceso que habría estado definido antes de publicarse en COMPR.AR.
El dato no es menor en un contexto donde el oficialismo intenta sostener su bandera de transparencia. La adjudicación, bajo la figura de “especialidad”, activó incluso los controles formales de integridad, pero no evitó la sospecha central: que la competencia nunca existió. Mientras el Gobierno enfrenta otros escándalos, este caso refuerza una percepción peligrosa en la política real: cuando las reglas parecen escritas de antemano, el problema ya no es el expediente, es la confianza.
Un intercambio de correos electrónicos entre funcionarios de Cancillería revelaría que la adjudicación de una licitación a una empresa perteneciente a María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue producto de una tramitación armada para que exista una sola firma ofertante.
Según una investigación del programa “Telenueve Denuncia” la adjudicación de un contrato por $114.044.133 a la empresa dirigida por Rouillet, para impartir cursos de inglés a personal de la Cancillería Argentina, estaba definida en favor de la esposa de Sturzenegger meses antes de ser publicada.
Así lo demostraría una comunicación interna del Palacio San Martín a través del sistema GDE, en la que con carácter imperativo un funcionario de mayor rango se dirige a una subordinada instruyéndola para que avance en esa dirección.
El coordinador de la dirección de Compras y Contrataciones de Cancillería, Mariano Méndez, instruye a su subordinada, Luciana Cagnolisu, también del área de Compras, para que avance en el proceso: “Lu, favor tramitar la convocatoria, conforme la que preparamos al inicio del año”, indica la comunicación.
Esta instrucción señalaría que, para el momento en que se lanzó el proceso formal en el portal COMPR.AR, el 4 de diciembre de 2025, los requerimientos y las condiciones para poder presentarse a la licitación estaban diseñados a medida de la empresa de Rouillet, y esta tenía en su poder los detalles del pliego que el Ministerio iba a difundir semanas más tarde.
Según lo publicó en febrero último la Agencia Noticias Argentinas, la contratación se tramitó mediante una ‘Adjudicación Simple por Especialidad’ y, debido a ese vínculo familiar, el expediente activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Según consta en los documentos oficiales, la propuesta fue presentada por la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, (la empresa de Rouillet) al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
El contrato, que al tipo de cambio de ese momento representaba unos 78.000 dólares, tiene una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un plazo igual.
