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La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que declaró ilegal la política arancelaria de Donald Trump derivó en un nuevo esquema con 15% global bajo Sección 122. Argentina queda entre los más castigados, mientras Brasil emerge como uno de los beneficiados.
Política 23/02/2026
EEUU no está pagando alineamiento
El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que declaró la ilegalidad de la política de aranceles impulsada por Donald Trump no trajo alivio para la Argentina. Por el contrario, abrió un nuevo esquema comercial que, bajo un vericueto legal -la Sección 122-, impone un arancel global del 15% y deja a los productos argentinos en una posición más desventajosa que antes. La paradoja es evidente: el país más alineado políticamente con Washington queda más expuesto, mientras Brasil, que pivotea entre Occidente y los BRICS, mejora su posición relativa.
El cambio no es técnico, es estratégico. Bajo la Sección 122 el Ejecutivo estadounidense no puede discriminar líneas arancelarias por país. La aplicación es uniforme y no selectiva. En la práctica, eso elimina la brecha que Argentina tenía frente a competidores con aranceles superiores al 25% o al 40%. Brasil, que enfrentaba un 40% pero había conseguido excepciones para productos clave como la carne, ahora queda con un 15%. La nivelación hacia abajo lo favorece.
Un diplomático argentino lo resumió con crudeza: Argentina sufre una doble pérdida. Sus bienes pagan más que antes y, además, desaparece la ventaja comparativa que tenía frente a países con tarifas más altas. A eso se suma un costo indirecto. Productos en los que Argentina era competitiva frente a un competidor castigado por aranceles elevados ahora enfrentan igualdad de condiciones. Se esfuma ese beneficio implícito.
Un acuerdo en el limbo y un mapa comercial incierto
La dimensión política agrava el cuadro. El acuerdo comercial que la Argentina había celebrado con Estados Unidos queda en una zona gris. Las concesiones arancelarias que Washington otorgó se apoyaban en instrumentos que el propio sistema judicial declaró inválidos. Sin esa base jurídica, las excepciones desaparecen. Argentina puede sostener que siguen vigentes, pero la contraparte norteamericana no tiene obligación legal de replicarlas.
La fragilidad institucional del entendimiento queda expuesta. Mientras Buenos Aires asumía compromisos legislativos de fondo, Estados Unidos ofrecía concesiones de bajo rango normativo. La asimetría era evidente y hoy se traduce en incertidumbre. No es un problema exclusivo argentino, pero sí es particularmente costoso para un país cuya estrategia exterior apostó a un alineamiento sin matices.
En términos de economía real, el impacto es concreto. Un arancel del 15% erosiona márgenes, reduce competitividad y presiona sobre exportaciones que ya enfrentan restricciones cambiarias y costos logísticos elevados. En un contexto de actividad frágil y necesidad de divisas, cada punto porcentual cuenta.
Brasil, en cambio, capitaliza la nueva uniformidad. Con menor carga efectiva que la que enfrentaba y con un posicionamiento diplomático más flexible, amplía su margen. La lección es clara: en el comercio internacional no alcanza con la afinidad ideológica. Pesan la estructura productiva, la capacidad de negociación y la densidad institucional de los acuerdos.
El fallo de la Corte no corrigió distorsiones para la Argentina. Las redistribuyó. Y en esa redistribución, el país quedó entre los más castigados. En el tablero global, la geopolítica se mide en puntos arancelarios. Y hoy esos puntos no juegan a favor.

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