La iniciativa surge ante la preocupación por el posible uso de estas herramientas en tareas de seguimiento, monitoreo social y recolección de información sensible, lo que —según advierten desde el movimiento obrero— podría representar un serio riesgo para la privacidad de la ciudadanía y el ejercicio de las libertades democráticas.
“Estamos frente a tecnologías que, mal utilizadas, pueden convertirse en instrumentos de espionaje interno y control social. El Gobierno tiene la obligación de explicar con total transparencia si se está avanzando en este tipo de convenios y con qué objetivos”, sostuvo Yasky.
El dirigente sindical remarcó que Palantir ha sido vinculada en distintos países a agencias de inteligencia, fuerzas de seguridad y operaciones de vigilancia, lo que genera alarma ante un eventual uso para el monitoreo de la protesta social o la persecución de organizaciones sindicales y sociales.
“No se puede naturalizar que, bajo el pretexto de la modernización o la seguridad, se vulneren derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y el derecho a la protesta”, afirmó el diputado, y agregó que “la historia reciente de nuestro país nos obliga a ser extremadamente cuidadosos con este tipo de herramientas”.
Desde la CTA-T y otros espacios del movimiento obrero señalaron que el pedido de informes busca conocer qué organismos del Estado estarían involucrados, qué tipo de datos se recopilaron, cuáles serían los mecanismos de control y si existen garantías legales para evitar abusos.
“La democracia no puede convivir con sistemas de vigilancia opacos y sin control parlamentario”, concluyó Yasky, al tiempo que reclamó un debate público y legislativo sobre el uso de inteligencia artificial en el Estado y sus implicancias en materia de derechos humanos.
El planteo ya generó repercusiones en el ámbito político y sindical, y se espera que en los próximos días el Gobierno deba responder formalmente a los requerimientos realizados en el Congreso.
