La situación expone un conflicto que acumula años de tensión. En diciembre de 2019, recién asumida, Fernández —la primera mujer en gobernar el distrito— tomó una decisión que marcó el inicio de su gestión: anuló los decretos del intendente saliente y dispuso el despido de más de 600 empleados municipales. Aquel movimiento fue interpretado como una demostración de fuerza que reconfiguró el tablero político y sindical local.
Durante su primer mandato, y antes de la llegada de Javier Milei a la Presidencia, el Municipio aplicó un ajuste sostenido en el gasto de personal que, según estimaciones, superó el 150%, sin que ello generara respuestas gremiales de magnitud. Ya en el segundo año de su segundo mandato, Fernández consolidó vínculos con las conducciones sindicales, logrando mantener un clima de relativa paz interna, incluso mientras las condiciones económicas de los trabajadores continuaban deteriorándose.
Para Natalia Verón, trabajadora municipal y militante de Alternativa Estatal y el MST, la situación es clara: “Fernández ya aplicó una reforma laboral en Moreno. Tenemos sueldos básicos cercanos a la línea de indigencia, precarización y tercerización laboral”, denuncia. Sus declaraciones reflejan el diagnóstico que circula entre sectores disconformes dentro del personal municipal.
En este contexto, un grupo de empleados analiza una decisión extrema: renunciar al reclamo del bono de fin de año, ante la certeza de que no será otorgado, y pedir en cambio cajas de alimentos para poder pasar las fiestas de diciembre. La iniciativa es vista por muchos como un símbolo del nivel de vulnerabilidad al que han llegado quienes trabajan dentro del propio Estado local.
La posibilidad de que trabajadores municipales deban solicitar comida a la jefa comunal reaviva el debate sobre las políticas salariales del Municipio, la relación con los gremios y el impacto que la crisis económica nacional tiene sobre los sectores más precarizados del empleo público.
