Código Penal: el Gobierno agrava todas las condenas

Es populismo penal, pero paga políticamente

En la Casa Rosada, con el sol de diciembre pegando en las vidrieras, Manuel Adorni y Patricia Bullrich se plantan frente a los micrófonos como si estuvieran cerrando un negocio en el Senado. No es casualidad el timing: el 10 de diciembre arranca el nuevo Congreso, con LLA inflada de bancas y la oposición todavía lamiéndose las heridas de octubre. El anuncio del proyecto de reforma al Código Penal no es solo una propuesta técnica -es un golpe de teatro calculado para que el público aplauda antes de que el telón baje. "Se van a agravar todas las penas del Código, desde los hurtos hasta los abusos sexuales y homicidios", suelta Bullrich, con esa mirada de halcón que dice "esto no es debate, es sentencia". Adorni asiente, y remata con la ironía que le sale natural: "Endurecer las penas contra los delincuentes es a la seguridad lo que a la economía es dejar de emitir para cubrir déficit". En el fondo, es un cálculo frío: mientras la inflación afloja, las calles siguen calientes, y el Gobierno necesita un villano para unir al rebaño.

La jugada es maestra en su simplicidad. El Código actual, heredado de 1921 con parches de todos los colores, se pinta como un complot para soltar a los malos. "Está hecho a la medida de los delincuentes, los violadores y los asesinos", dispara Adorni, y nadie en la oposición levanta la voz para recordarle que Argentina ya tiene uno de los regímenes penales más duros de la región -con tasas de encarcelamiento que superan el promedio latinoamericano y prisiones repletas de pibes por delitos menores. Pero ¿quién va a discutir eso en un país donde el 70% de los hogares siente inseguridad? La reforma llega como salvavida: penas efectivas para el 82% de los delitos, fin de la prescripción para homicidios agravados, abusos sexuales y trata. "No habrá impunidad para homicidas, violadores, traficantes de personas, de drogas o explotadores sexuales. No importa cuánto se escondan, serán perseguidos de por vida", promete Bullrich. Y para rematar, un guiño a las Madres del Dolor con la conducción imprudente que sube de 1-3 años a 2-6, agravada a 3-6. Si salís con arma, no hay excusa de "no estaba cargada": pena taxativa, sin interpretación judicial. Perpetuas sin libertad condicional a los 35 años. Y para los políticos corruptos, la guinda: pérdida de jubilación de privilegio. Adorni lo dice sin pestañear: "Todo esto se trata de poner orden en la República Argentina".

Detrás del telón, la trama se teje con hilos gruesos. El proyecto nace de Seguridad, Justicia y Legal y Técnica -Cúneo Libarona y Amerio en primera línea-, y se envía el 9 de diciembre para sesiones extraordinarias en verano. Es el paquete de "segunda ola" mileísta: mientras la oposición se fragmenta -peronismo en modo supervivencia, radicales buscando relevancia-, LLA avanza sin freno. La baja de edad de imputabilidad a 13, que Milei machaca desde la campaña, entra por la puerta chica, disfrazada de "tolerancia cero". La oposición? Silencio ensordecedor. ¿Por qué pelearse con un relato que vende "mano dura" cuando las encuestas miden miedo en las urnas? El costo político para los encartados -los que defienden la "doctrina Zaffaronista", como la llama Adorni con sorna- es cero: cualquier queja suena a defensa de chorros. La ganancia para el Gobierno, rotunda: posiciona a Bullrich como la guardiana eterna desde el Senado, Adorni como el ejecutor pragmático y Milei como el visionario que "talla en piedra" la doctrina.

No es casual que Bullrich salga ovacionada: "Será recordada por siempre como un ejemplo de valor en la defensa de la vida, la propiedad y la libertad", le dedica Adorni, en un guiño que huele a canonización política. La "doctrina Bullrich" -esa mezcla de protocolos antipiquetes y leyes contra el crimen organizado- pasa de ministerio a Congreso, blindada contra futuros gobiernos. En un país donde el 40% de los presos son por delitos menores y la reincidencia ronda el 60%, la reforma pinta disuasión, pero en la rosca real es un escudo: agrava penas para llenar cárceles sin tocar causas estructurales como la pobreza que empuja al delito. La oposición, que podría gritar "populismo punitivo", opta por el mutis -mejor callar y no regalar portadas de "defensores de violadores". Milei lo sabe: el sentido común popular no mide severidad, mide venganza. Y en ese tablero, el Gobierno juega con todas las fichas.

El 9 de diciembre, cuando el proyecto caiga en Diputados, el Congreso violeta lo recibirá como un regalo envenenado para la oposición. Agravamiento de penas, imprescriptibilidad, fin de la puerta giratoria -todo envuelto en el mantra de "el que las hace, las paga". Bullrich lo resume con filo: "Vinimos a terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes. Nosotros defendemos a las víctimas". En el fondo, es realpolitik pura: mientras el ajuste económico duele en el bolsillo, este Código nuevo duele en el alma de los que roban por hambre -y alivia el de los que votan por miedo. La ironía? Argentina ya castiga duro, pero la impunidad no viene del Código: viene de jueces con carpetas llenas y cárceles sin presupuesto. Pero en el juego de tronos de Balcarce 50, eso es detalle. Lo que cuenta es ganar la narrativa. Y esta, por ahora, la tienen ellos.