Sin inversiones en la red en los últimos dos años, la Secretaría de Energía impulsa un plan insólito: que usuarios comerciales y residenciales ofrezcan energía de grupos electrógenos a la red y cobren por ello. Una salida “cooperativa” que expone la fragilidad estructural del sistema eléctrico.
Actualidad16/09/2025
Comunismo ultra capitalista
En el AMBA, cuando llega el calor, todos conocen la escena: aires acondicionados al máximo, heladeras que apenas enfrían y la amenaza de un corte de luz que puede durar horas. Este verano, el Gobierno decidió enfrentar esa realidad con una medida inédita: permitir que hogares y comercios “vendan” electricidad a la red en momentos críticos.
La idea, presentada por la secretaria de Energía María Tettamanti, es simple en los papeles: quienes tengan grupos electrógenos o sistemas auxiliares podrán inyectar energía al sistema y recibir un pago por esa contribución. En el discurso oficial se habla de “gestión de la demanda”. En la práctica, es admitir que la red no tiene capacidad para soportar los picos de consumo.
Cooperativismo forzado
El plan se presenta como un modelo colaborativo, casi comunitario, pero esconde un trasfondo más áspero: el Estado, que lleva casi dos años sin nuevas inversiones en transporte ni generación eléctrica, traslada a usuarios y comercios la responsabilidad de sostener el sistema.
La estrategia funcionará con un mecanismo de subasta: cada participante ofertará cuánto cobra por aportar energía en horarios críticos. Si su propuesta es aceptada, recibirá un pago fijo más la remuneración por lo entregado. En otras palabras, una especie de seguro en el que los usuarios se convierten en proveedores ocasionales.
La paradoja es evidente: mientras las grandes distribuidoras siguen acumulando ganancias y los hogares populares lidian con cortes recurrentes, ahora el Gobierno plantea que los mismos usuarios tapen los baches de un sistema que no crece al ritmo del consumo.
El antecedente y los riesgos
No es la primera vez que se ensaya algo parecido. En 2024 ya se aplicó un esquema limitado para grandes usuarios industriales. La diferencia es que ahora la medida se extiende a comercios y, eventualmente, a hogares con capacidad de autogeneración.
El problema estructural sigue intacto: la demanda eléctrica aumenta cada verano, pero las obras para reforzar la red llevan años de atraso. En 2025, la Secretaría de Energía proyecta una demanda pico de 30.700 megawatts, un tercio de ellos concentrados en aires acondicionados. Basta recordar que en febrero de este año, con 30.257 MW consumidos, hubo cortes masivos en Buenos Aires y el NEA.
El plan de “electricidad comunitaria” puede mitigar apagones puntuales, pero no reemplaza la inversión que necesita el sistema. Y mientras no haya medidores inteligentes en hogares ni nuevas obras de transporte, la fragilidad seguirá siendo la regla.
La factura que paga la gente
En el fondo, la medida refleja un modelo político: el Estado se retira de la inversión y son los usuarios quienes deben poner parches para evitar colapsos. Lo que se presenta como un esquema innovador de participación ciudadana es, en realidad, un cooperativismo forzado que beneficia a las empresas que siguen cobrando tarifas sin garantizar un servicio estable.
El verano todavía no empezó, pero el mensaje ya está escrito: si querés luz, más vale que la pongas vos. Y en ese escenario, la pregunta que late en cada barrio del Conurbano no es técnica, sino política: ¿Cuándo la energía será un derecho y no un privilegio?
La canasta de crianza del INDEC mostró en agosto un piso de $432.000 y un techo de $542.000 mensuales, según la edad del niño. En paralelo, en los barrios populares más de 5 millones de personas viven con agua y electricidad precarias, garrafas para cocinar y sin internet.
El dólar mayorista roza el techo de la banda y el Banco Central se apresta a gastar reservas para mantenerlo planchado hasta las elecciones. Con vencimientos de deuda por más de u$s8.000 millones hasta enero y bonos en caída libre.
El Gobierno liberó $12.500 millones en Aportes del Tesoro Nacional a cuatro provincias en un intento desesperado por quebrar la unidad de “Provincias Unidas” y condicionar la sesión en Diputados contra los vetos a Universidades y Garrahan. Ahora obliga a los mandatarios a ser mucho más duros.
El miércoles se votará el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Estudiantes, docentes y rectores preparan una movilización federal frente al Congreso. El Gobierno, lejos de calmar las aguas, denunció a la UBA por repudiar la medida en su web oficial.
El financiamiento digital creció 68% interanual y llega a uno de cada cuatro usuarios de crédito del sistema. Aunque aún representa apenas el 2% del volumen total, revela un fenómeno de inclusión forzada: jóvenes, mujeres y pymes encuentran en estas plataformas lo que la banca tradicional no les da.
Las principales entidades de la disciplina —ASRA, CPS, CSPBA, CS y SLAC— se suman a la convocatoria nacional para rechazar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. La cita es el miércoles 17 de septiembre a las 13:30 en Plaza Houssay.
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) registran picos históricos en la Argentina: en 2023 la tasa de sífilis aumentó 22% y la gonorrea alcanzó su tasa más alta. En este contexto, organizaciones advierten que solo el 17% de los jóvenes usa preservativo siempre en todas sus relaciones sexuales.
La política hídrica y sanitaria de la administración de (Javier) Milei atraviesa un desplome histórico. Según datos oficiales, hasta agosto de 2025 la inversión nacional en agua potable y alcantarillado fue de apenas $58.157 millones, frente a los $1,2 billones ejecutados en el mismo período de 2023.
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) registran picos históricos en la Argentina: en 2023 la tasa de sífilis aumentó 22% y la gonorrea alcanzó su tasa más alta. En este contexto, organizaciones advierten que solo el 17% de los jóvenes usa preservativo siempre en todas sus relaciones sexuales.
La economía argentina entró en una fase recesiva que ya golpea al consumo, la producción y el empleo. Crece la conflictividad social, los mercados dudan de la capacidad de avanzar con reformas estructurales y hasta el establishment internacional marca la pérdida de popularidad y liderazgo del Presidente.
Los triunfos de Unión por la Patria en secciones bonaerenses con fuerte presencia agropecuaria encendieron la discusión. El campo no fue la llave: en los cascos urbanos, castigados por la recesión y el ajuste, decidieron vecinos que nada tienen que ver con las retenciones.
En el marco de las prácticas profesionalizantes, dialogaron con el sistema de medios y contenidos públicos, estudiantes de séptimo año de la Escuela Técnica N°2 del Barrio Bicentenario que actualmente participan en la programación de la Radio Pública de Marcos Paz.
Nuestro medio diálogo con la Jefa de cuerpo del Cuartel 248 de Mariano Acosta, Maria Arnolfo primera jefa mujer del cuartel Bomberil. La sede de esta localidad de Merlo fue anfitrión de la reunión Federativa Bonaerense de Bomberos Voluntarios.