La canasta de crianza del INDEC mostró en agosto un piso de $432.000 y un techo de $542.000 mensuales, según la edad del niño. En paralelo, en los barrios populares más de 5 millones de personas viven con agua y electricidad precarias, garrafas para cocinar y sin internet.
Actualidad16/09/2025
La deuda social en los barrios populares
Criar a un hijo en la Argentina de hoy se convirtió en un desafío que muchos hogares sienten como imposible. Según el último cálculo del INDEC, en agosto una familia necesitó entre $432.161 y $542.183 al mes para cubrir los gastos básicos de un niño de 0 a 12 años. La cifra varía según la edad: los menores de un año cuestan menos en bienes pero más en cuidados; los de entre 6 y 12 años, en cambio, requieren la canasta más alta.
La composición del gasto refleja la tensión cotidiana: más del 60% corresponde al tiempo de cuidado —una tarea invisibilizada que el organismo valora con el salario de trabajadoras de casas particulares— y el resto a bienes y servicios como alimentos, vestimenta, vivienda, transporte y salud. Así, la economía de la crianza no es solo un número frío: es la foto de miles de familias que estiran salarios, se endeudan o recurren a changas para sostener la mesa.
Barrios populares: la precariedad como norma
El costo de criar se agrava cuando se cruza con otra realidad: más de 5 millones de personas viven en los 6.000 barrios populares del país sin acceso pleno a servicios básicos. Allí, el 50% se conecta al agua de manera informal, el 63% a la electricidad de forma precaria y el 90% cocina con garrafa. El acceso a internet, vital para la educación y el trabajo, solo llega por celular en un 36% de los hogares.
Los riesgos son múltiples: facturas más caras, mayor exposición a accidentes y menos oportunidades. A eso se suma el freno de políticas de integración urbana y la desarticulación de programas comunitarios, que deja a las organizaciones sociales sin herramientas para contener.
Subsidios para arriba, exclusión para abajo
Mientras los datos muestran precariedad estructural en los barrios, el Gobierno decidió restablecer subsidios a la luz y el gas para sectores de altos ingresos. La medida, reconocida por el propio secretario de Energía, Daniel González, implica que familias de altos recursos vuelvan a recibir beneficios que se habían quitado en 2024. El contraste es brutal: los que tienen todo reciben alivio, los que no tienen ni agua siguen esperando soluciones.
En la práctica, la política económica sostiene el consumo de los sectores privilegiados mientras posterga la inversión en infraestructura básica para los más vulnerables. Es el reverso de la canasta de crianza: se habla de responsabilidad fiscal, pero los hogares populares pagan con precariedad los costos del ajuste.
La combinación de una crianza cada vez más cara y servicios básicos cada vez más precarios expone el núcleo de la desigualdad argentina. El INDEC pone cifras a lo que ya se sabe en los barrios: criar cuesta medio millón de pesos, pero millones de familias no tienen garantizado ni el agua segura ni la electricidad estable para hacerlo.
La pregunta es cómo se proyecta un país cuando criar a un hijo es un lujo y los barrios populares siguen desconectados de derechos básicos. No se trata solo de estadísticas: son infancias que crecen sin certezas, padres y madres que hacen malabares y un Estado que parece mirar para otro lado.
Sin inversiones en la red en los últimos dos años, la Secretaría de Energía impulsa un plan insólito: que usuarios comerciales y residenciales ofrezcan energía de grupos electrógenos a la red y cobren por ello. Una salida “cooperativa” que expone la fragilidad estructural del sistema eléctrico.
El dólar mayorista roza el techo de la banda y el Banco Central se apresta a gastar reservas para mantenerlo planchado hasta las elecciones. Con vencimientos de deuda por más de u$s8.000 millones hasta enero y bonos en caída libre.
El Gobierno liberó $12.500 millones en Aportes del Tesoro Nacional a cuatro provincias en un intento desesperado por quebrar la unidad de “Provincias Unidas” y condicionar la sesión en Diputados contra los vetos a Universidades y Garrahan. Ahora obliga a los mandatarios a ser mucho más duros.
El miércoles se votará el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Estudiantes, docentes y rectores preparan una movilización federal frente al Congreso. El Gobierno, lejos de calmar las aguas, denunció a la UBA por repudiar la medida en su web oficial.
El financiamiento digital creció 68% interanual y llega a uno de cada cuatro usuarios de crédito del sistema. Aunque aún representa apenas el 2% del volumen total, revela un fenómeno de inclusión forzada: jóvenes, mujeres y pymes encuentran en estas plataformas lo que la banca tradicional no les da.
Las principales entidades de la disciplina —ASRA, CPS, CSPBA, CS y SLAC— se suman a la convocatoria nacional para rechazar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. La cita es el miércoles 17 de septiembre a las 13:30 en Plaza Houssay.
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La política hídrica y sanitaria de la administración de (Javier) Milei atraviesa un desplome histórico. Según datos oficiales, hasta agosto de 2025 la inversión nacional en agua potable y alcantarillado fue de apenas $58.157 millones, frente a los $1,2 billones ejecutados en el mismo período de 2023.
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Los triunfos de Unión por la Patria en secciones bonaerenses con fuerte presencia agropecuaria encendieron la discusión. El campo no fue la llave: en los cascos urbanos, castigados por la recesión y el ajuste, decidieron vecinos que nada tienen que ver con las retenciones.
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